Violaciones de derechos humanos en operativos antiterroristas
Las fuerzas policiales y militares con atribuciones excesivas sometieron a detenidos a torturas, malos tratos e interrogatorios crueles para obtener autoinculpaciones y fabricar pruebas.
Événements tirés du rapport final de la CVR (Commission vérité et réconciliation du Pérou). Ce rapport documente les violations des droits humains commises pendant le conflit armé interne de 1980 à 2000.
Las fuerzas policiales y militares con atribuciones excesivas sometieron a detenidos a torturas, malos tratos e interrogatorios crueles para obtener autoinculpaciones y fabricar pruebas.
Audiencia pública del 4 de septiembre de 2002 que examinó cómo la legislación antiterrorista violó derechos fundamentales de procesados, principalmente pobres y vulnerables de áreas rurales.
Le Tribunal constitutionnel a déclaré nulle en 2002 une grande partie de la législation antiterroriste promulguée sous le gouvernement Fujimori en raison de violations systématiques du procès équitable.
Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declara violación de derechos procesales en el juzgamiento de Cantoral Benavides por traición a la patria.
Sentencia de la Corte Interamericana que determina la incompetencia de los tribunales militares para juzgar civiles y cuestiona la independencia e imparcialidad de la justicia militar peruana.
El sistema de jueces con identidad secreta implementado en casos de terrorismo violó garantías procesales fundamentales y derechos del debido proceso.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró nulo el juzgamiento ante la Justicia Militar en el caso Castillo Petruzzi y otros, ordenando un nuevo juicio que fue acatado por el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Análisis de la derogación tácita en 1997 del sistema de justicia secreta establecido en 1991 para juzgar delitos de terrorismo con identidad reservada de magistrados.
El Tribunal Constitucional declara que autorizar a tribunales militares juzgar civiles por traición a la patria y terrorismo viola el derecho al juez natural.
El Decreto Ley 25728 permitía condenar en ausencia por terrorismo y traición a la patria, violando garantías fundamentales del debido proceso.
El sistema de jueces secretos establecido en 1992 para juzgar delitos de terrorismo y traición a la patria violó garantías fundamentales del debido proceso.
A partir de 1992, la aplicación de la legislación penal de emergencia antiterrorista incrementó exponencialmente el número de inocentes en prisión por violaciones al debido proceso.
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