Événements tirés du rapport final de la CVR (Commission vérité et réconciliation du Pérou). Ce rapport documente les violations des droits humains commises pendant le conflit armé interne de 1980 à 2000.
Las Fuerzas Policiales Peruanas, especialmente la PIP en unidades contra el terrorismo, perpetraron violaciones de derechos humanos incluyendo torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
El Estado utiliza la policía según sus intereses políticos, removiendo oficiales que realizan investigaciones que afectan la imagen del gobierno en turno.
Aumento significativo de alcoholismo y fármacodependencia entre miembros de la PNP destacados en zonas de emergencia durante el conflicto armado.
El Congreso aprobó la Ley 26479 de amnistía general para personal militar, policial y civil por delitos cometidos durante la lucha contra el terrorismo.
Personal policial de la Base Antidrogas de Santa Lucía recibió orden del Ministro de Interior de no acudir al puesto policial de Uchiza tras reportes de minado de carretera y emboscadas.
El 14 de julio de 1994, el MRTA emboscó a policías en La Merced, Chanchamayo, resultando en la muerte de dos efectivos.
Detención irregular de siete presuntos responsables por la Policía Nacional, con investigación militar irregular que violó el Decreto Ley N°25475 y retraso de tres días en el traslado a la autoridad policial.
Investigación por la desaparición de nueve personas en Santa iniciada en mayo de 1992 por delitos contra la libertad personal y terrorismo.
En 1992, el distrito de San Juan de Lurigancho se había convertido en uno de los centros de operaciones de Sendero Luminoso, donde miembros liberados de la organización terrorista circulaban libremente por la zona.
Las capturas de principales líderes subversivos durante 1992, especialmente la de Abimael Guzmán, constituyeron un aporte fundamental para la derrota estratégica de la subversión y el terrorismo en Perú.
El Congreso estadounidense expresó preocupación grave sobre violaciones de derechos humanos en Perú y se opuso a incrementar la ayuda militar, mientras el Ejecutivo estadounidense defendía el cumplimiento de criterios internacionales.
El 15 de junio de 1991, fueron asesinados dos policías que custodiaban la casa del Prefecto en Cuzco.
Elementos del MRTA atacan puestos policiales y locales públicos en cuatro ciudades de la selva peruana, secuestrando a nueve policías.
Desaparición forzada de cuatro autoridades de Chuschi en 1991 por efectivos policiales y militares, como represalia por denuncias de abuso y negativa a formar grupos de defensa civil.
El gobierno intentó designar al coronel Javier Palacios Ortiz como viceministro del Interior para desmilitarizar el ministerio, pero el nombramiento no se concretó debido a la oposición dentro de las fuerzas armadas y la policía.
En julio de 1990 se realizaron cambios de mando en la Policía Nacional Peruana, nombrándose nuevos directores generales, y se iniciaron operaciones especiales contra aparatos del PCP-SL.
En 1990, personal de las Fuerzas Armadas ingresó a dirigir la Policía Nacional del Perú, marcando el inicio del involucramiento militar en la persecución del narcotráfico.
Análisis estadístico de 449 casos de violaciones de derechos humanos atribuidos a diferentes agentes estatales y paramilitares en Perú.
En julio de 1990, el gobierno pasó al retiro a 350 policías, incluyendo 26 generales y nueve tenientes generales, bajo el argumento de una "renovación de cuadros".
Golpe importante asestado por la policía contra columnas del PCP-SL en el caserío de Hierba Buena, ubicado en la zona de Huamachuco.
A finales de septiembre, cinco participantes en un cursillo de fertilización y siembra de papas en Crucero fueron detenidos por la policía sin explicación.
Palacios argumenta que la lucha contrasubversiva requiere una estrategia integral más allá de acciones militares, criticando la creciente militarización de la policía.
Incumplimiento sistemático de plazos legales de detención y sometimiento de detenidos a torturas en centros clandestinos durante la aplicación de los decretos legislativos sobre terrorismo.
A pesar de denuncias de víctimas y organizaciones de derechos humanos, los operadores de justicia no procesaron a miembros de las fuerzas armadas o policiales por torturas, permitiendo que la práctica continuara con total impunidad.
El 5 de agosto de 1988, el PCP-SL atacó el distrito de Crucero, asesinando a 6 policías y el Juez de Paz, y secuestrando a una misionera noruega.
José Antonio Ríos Cieza, policía peruano, fue asesinado en una emboscada del PCP-SL en 1988 en Pachamachay, Huánuco.
El 6 de noviembre, un grupo de aproximadamente 70 a 100 combatientes del MRTA capturó la ciudad de Juanjui tras un ataque coordinado contra tres puestos policiales.
La policía enfrentó grandes dificultades para coordinar acciones con las FFAA en zonas de emergencia, donde los militares tenían autoridad final y la policía debía solicitar permisos.
Miembros de Sendero Luminoso asesinaron al sargento Francisco Juscamayta Alejos el 23 de diciembre de 1986 en el sector El Tambo, Parcona, mediante disparos a quemarropa.
Detención de una mujer por la policía en la Comisaría del distrito de Maranga, Lima en mayo de 1986.
La Cámara de Diputados declara procedente la acusación constitucional contra el ex presidente Alan García Pérez por responsabilidad en la matanza de los penales ocurrida en 1986.
El 29 de junio de 1985, un destacamento senderista tomó el pueblo de Lagunas en Alto Amazonas, atacando el puesto policial y asesinando a policías y un funcionario bancario.
Patrullas combinadas de policía, militares y ronderos realizaron operaciones en Quillabamba y zonas aledañas, deteniendo y trasladando pobladores a la comisaría.
Jesús Manuel Oropeza Chonta fue detenido en la Jefatura de Línea de Puquio el 27 de julio de 1984 por orden del Sargento Julio César Alva Frías.
El 19 de julio de 1984, Santiago Felipe Loayza Cahuana, director de una escuela en Huamanguilla, fue detenido por efectivos de la PIP e Infantería de Marina cuando se dirigía a Huamanga.
Por resolución ministerial del 5 de julio de 1983, la DICOTE fue elevada a la categoría de Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE) como organismo especializado de la Policía de Investigaciones del Perú.
Le PCP Sentier lumineux a mené des attaques à l'explosif, du sabotage d'infrastructures électriques et des assauts contre des haciendas dans plusieurs départements péruviens entre 1980 et 1982.
Las deficiencias en la supervisión fiscal durante la investigación preliminar permitieron graves violaciones de derechos humanos al convertir al fiscal en un mero testigo subordinado a las decisiones policiales.
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Le contenu de cette publication est une traduction de la version abrégée du rapport final péruvien de la Commission Vérité et Réconciliation, publiée pour la première fois en espagnol en …
Les quarante et un documents suivants représentent les documents déclassifiés les plus révélateurs et substantiels sur les droits de l'homme au Pérou que le National Security Archive a déjà obtenus …
Les 41 documents suivants représentent les documents déclassifiés les plus révélateurs et substantiels sur les droits de l'homme au Pérou que le National Security Archive a déjà obtenus grâce au …
La police nationale, aidée dans cette région productrice de drogues par des hélicoptères, des renseignements et une formation fournis par les États-Unis, a indiqué que le Sentier Lumineux se regroupe …
Ce rapport complet couvre tous les domaines liés aux questions de droits humains au cours de cette année, du point de vue de l'Ambassade américaine à Lima.
Ce rapport complet couvre tous les domaines liés aux questions de droits humains au cours de cette année, du point de vue de l'Ambassade américaine à Lima.
Ce rapport complet couvre tous les domaines liés aux questions de droits humains au cours de cette année. Le rapport a été préparé par le Département d'État pour la Commission …
Dans ce câble rendu public sur appel, des officiers politiques de l'ambassade américaine relatent leurs conversations avec un policier d'Ayacucho qui avait été membre d'un escadron de la mort secret …
Ce rapport complet couvre tous les domaines liés aux questions de droits humains au cours de cette année, du point de vue de l'Ambassade américaine à Lima.
Rapport soumis par l'Ambassade des États-Unis au Pérou sur la situation des droits humains au cours de l'année 1988. Section 1 : respect de l'intégrité de la personne. Section 2 …
Rapport soumis par l'Ambassade des États-Unis au Pérou sur la situation des droits humains au cours de l'année 1987. Section 1 : respect de l'intégrité de la personne. Section 2 …
Ce qui suit est le texte final du Rapport sur les Droits Humains pour 1986, tel qu'il a été remis au Congrès le 31 janvier. Section 1 : respect de …
Le présent document constitue le texte final du Rapport Annuel sur les Droits Humains concernant le Pérou pour 1984, qui sera prochainement transmis au Congrès. Le rapport est confidentiel et …
This cable discusses the ramifications of President Belaunde's decision to place the army in charge of maintaining public order in the Ayacucho emergency zone. The military is called on to …