Quema de Indalecio por la Marina Peruana en San Alejandro
Miembros de la Marina Peruana quemaron a Indalecio con gasolina en su domicilio en el distrito de San Alejandro durante un simulacro de votación.
Base de datos completa de eventos del conflicto armado interno en Perú extraídos del Informe Final de la CVR. 5,159 eventos documentados desde 1817 hasta 2003.
Miembros de la Marina Peruana quemaron a Indalecio con gasolina en su domicilio en el distrito de San Alejandro durante un simulacro de votación.
Testimonios de víctimas sobre las violaciones sistemáticas, torturas, desapariciones y asesinatos cometidos por fuerzas del Estado y grupos subversivos durante el conflicto interno.
Detención violenta de Pedro Pablo López González por sujetos armados encapuchados en la zona de Siderperu.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró nula la ley de amnistía que amparaba a los acusados de la masacre de Barrios Altos, estableciendo que las disposiciones de amnistía no pueden impedir la investigación de violaciones graves de derechos humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la incompatibilidad de las leyes de autoamnistía con la Convención Americana, permitiendo la reapertura de procesos penales contra responsables de violaciones a derechos humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró el 14 de marzo de 2001 que las leyes de amnistía peruanas eran incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En junio de 1995, una jueza de Lima solicitó al fuero militar poner a disposición de su juzgado a cuatro miembros del Grupo Colina, declarando inaplicable la ley de amnistía militar.
Operativo militar del 2 de abril de 1995 en San Alejandro, Ucayali, que resultó en muertes, torturas y violaciones sexuales, constituyendo infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Ejecuciones extrajudiciales en Barrios Altos que resultaron en amnistía para militares procesados mediante la Ley 26479 de 1995.
En 1995, el gobierno de Fujimori promulgó una ley de amnistía general que liberó a oficiales militares condenados por la masacre de La Cantuta, obstaculizando la justicia por graves violaciones de derechos humanos.
En 1995, el Congreso aprobó una ley que amnistió a los militares, exonerándolos de violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra interna.
Investigación de la CNDDHH sobre violaciones de derechos humanos cometidas durante la Operación Aries militar en Alto Huallaga en 1994.
Operación militar antisubversiva en la margen izquierda del río Huallaga que resultó en asesinatos y maltratos de civiles.
Operación militar con cuatro entradas simultáneas en Bolsón Primavera apoyada por helicópteros artillados que causó muertes entre la población civil acusada de terrorismo.
Testimonio de persecución, asesinatos y violaciones sistemáticas cometidas por el Ejército contra la población civil.
Durante el Operativo Aries en 1994, miembros de las Fuerzas Armadas perpetraron violaciones sexuales contra menores de edad, incluyendo niñas de 6 y 14 años, frecuentemente como preludio a ejecuciones.
El 19 de agosto de 1993, miembros de Sendero Luminoso al mando de nativos Asháninkas asesinaron a 55 pobladores en Mazamari.
Miembros del PCP-SL torturaron a civiles en Puno mediante técnicas como el torniquete y golpizas para obtener información sobre líderes comunitarios y paraderos de personas.
Secuestro de Jesús Manfredo Noriega Ríos por personas armadas en el Pueblo Joven 'Javier Heraud'.
Análisis del rol del Parlamento peruano en el conflicto armado interno y las consecuencias institucionales del golpe de Estado del 5 de abril de 1992.
El 5 de abril de 1992, el presidente Fujimori anunció la disolución del Parlamento y la reorganización del Poder Judicial, con apoyo de las Fuerzas Armadas, e instaló un gobierno de emergencia y reconstrucción nacional.
Coup d'état that resulted from the military's subordination of democracy to countersubversive strategy, establishing a dictatorial regime under Fujimori, Montesinos, and Hermoza Ríos.
El golpe de estado del 5 de abril de 1992 significó el colapso del Estado de Derecho y contó con apoyo mayoritario de la opinión pública en medio de la ofensiva urbana del PCP-SL.
El golpe de Estado de 1992 estableció un régimen de facto que suspendió la democracia e implementó grupos operativos encubiertos para asesinatos, desapariciones y torturas.
Documentación de ocho estudiantes universitarios fallecidos entre septiembre y octubre de 1992, víctimas de violencia con heridas de bala, trauma, decapitación y desaparición.
Relatos de detenidos que fueron sometidos a torturas físicas y eléctricas por policías durante interrogatorios en una comisaría peruana.
Las masacres de Barrios Altos y La Cantuta fueron ejecutadas por el Destacamento Colina bajo órdenes de Vladimiro Montesinos, asesor presidencial, con coordinación de la DINTE y el Servicio de Inteligencia del Ejército.
Plan de operaciones elaborado en agosto de 1991 que sirvió como fachada para las actividades encubiertas del Grupo Colina en Lima, Huacho y Huaral.
Caso que ilustra cómo la Justicia Militar asumió competencia sobre investigaciones de violaciones de derechos humanos, paralizando procesos en el fuero común mediante el principio de cosa juzgada.
El SIN infiltró analistas militares en el GEIN y DIRCOTE bajo el pretexto de apoyar análisis de documentación incautada, algunos de los cuales fueron posteriormente identificados como miembros del Grupo Colina.
Militares realizaron operativos de búsqueda en viviendas y locales sindicales en Morococha, deteniendo dirigentes y pobladores bajo acusaciones de subversión.
Enfrentamientos entre el MRTA y PCP-SL generaron contextos de violaciones sexuales contra mujeres, incluyendo casos de captura, tortura y asesinato.
Sendero Luminoso organizó retiradas de población hacia campamentos precarios, sometiéndola a tratos crueles e inhumanos durante los desplazamientos.
En 1991, altos mandos militares crearon el Destacamento Colina, un comando de inteligencia dependiente de la DINTE, para ejecutar operaciones contra la subversión.
Documento autobiográfico del Agente Carrión detalla ejecuciones arbitrarias y violaciones a derechos humanos cometidas por efectivos del Ejército Peruano destacados en Ayacucho en 1991.
Investigación sobre crímenes cometidos por un grupo especial del Ejército en Ayacucho durante 1991, incluyendo el asesinato de la ex alcaldesa Leonor Zamora Concha.
Patrulla militar detiene y maltrata a civiles en comunidades de Apurímac, incluyendo torturas a mujeres y desaparición de detenidos.
Diez personas detenidas fueron ejecutadas extrajudicialmente en el cerro Capullullo mediante granadas e impactos de armas de fuego en abril de 1990.
Operaciones militares intensivas desarrolladas desde 1990 en el valle del Mantaro dirigidas contra la subversión, que combinaron incursiones en la universidad con capturas, infiltración y ejecuciones extrajudiciales.
En 1990, Sendero Luminoso cometió asesinatos sistemáticos contra poblaciones indígenas y cautivos en zonas montañosas, utilizando métodos crueles contra quienes intentaban escapar.
Masacre de comuneros en Paccha, Vinchos, Ayacucho, perpetrada por miembros del PCP-SL el 11 de diciembre de 1989.
El 4 de noviembre de 1989, patrullas del Batallón Inclán ejecutaron extrajudicialmente a ocho personas en Pucará haciéndose pasar por miembros del MRTA.
Militares del Batallón Inclán detuvieron y ejecutaron a tiros por la espalda a Paulino Cabezas y su hijo en noviembre de 1989 en Pucará.
En octubre de 1989, soldados del Ejército irrumpieron en la finca de Roberto Quintana Vivanco en Villa Gloria Alta, Abancay, lo redujeron por la fuerza, saquearon su vivienda y lo trasladaron a la Base Militar de Abancay donde fue torturado y encarcelado.
Análisis del impacto y patrones de violencia ejercidos por Sendero Luminoso en las 34 comunidades nativas del distrito de Pangoa, incluyendo desplazamiento forzoso, esclavitud y control territorial.
El Grupo Colina fue estructurado como una red de inteligencia de control directo dentro de las fuerzas armadas que funcionaba como un escuadrón de la muerte.
El MRTA reclutó forzadamente a niños y adolescentes en diversas regiones del Perú bajo amenazas y promesas de pago.
El PCP-SL ejecutó a autoridades comunales, profesores y comuneros en Cajatambo mediante juicios populares y operaciones coordinadas durante 1989.
En noviembre de 1988, el gobierno de Alan García decretó el Estado de Emergencia en todas las provincias y distritos de Junín ante el incremento de atentados del PCP-SL y MRTA.
En setiembre de 1988, Sendero Luminoso ejecutó a trabajadoras sexuales y la dueña de un prostíbulo en Tingo María, y disparó contra hombres que intentaron escapar.
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