Conflicto armado interno y golpe de Estado de 1992

Después de una década de conflicto armado interno que generalizó la violencia en el Perú, los parlamentos de los años ochenta fueron responsables del agravamiento de la situación al no cumplir adecuadamente sus funciones constitucionales y permitir masivas violaciones de derechos humanos. En la década de los noventa, tras el golpe de Estado del 5 de abril de 1992, la situación se agravó con el desarrollo de un proceso de corrupción normativa que buscó garantizar la impunidad de los crímenes cometidos por agentes estatales. Los congresos post golpe con mayoría fujimorista no solo abdicaron de su función de fiscalización, sino que avalaron y promovieron el encubrimiento.