Conflicto armado peruano y violaciones de derechos humanos
Análisis de la aplicación del Derecho Internacional Humanitario en el conflicto armado interno peruano y la clasificación de torturas y tratos crueles como violaciones fundamentales.
Base de datos completa de eventos del conflicto armado interno en Perú extraídos del Informe Final de la CVR. 5,159 eventos documentados desde 1817 hasta 2003.
Análisis de la aplicación del Derecho Internacional Humanitario en el conflicto armado interno peruano y la clasificación de torturas y tratos crueles como violaciones fundamentales.
Las Fuerzas Policiales Peruanas, especialmente la PIP en unidades contra el terrorismo, perpetraron violaciones de derechos humanos incluyendo torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
Documentación de torturas y detenciones arbitrarias practicadas por personal militar e inteligencia del Ejército en el Cuartel Los Cabitos Nº 51.
Relato de torturas sistemáticas infligidas por fuerzas armadas y policiales a detenidos en Ayacucho para obtener confesiones y información sobre supuestos vínculos con grupos terroristas.
El Tribunal Penal Internacional de la ex Yugoslavia concluyó que la tortura está prohibida por todos los ámbitos del derecho consuetudinario e internacional.
Las fuerzas policiales y militares con atribuciones excesivas sometieron a detenidos a torturas, malos tratos e interrogatorios crueles para obtener autoinculpaciones y fabricar pruebas.
Testimonio de las condiciones de encarcelamiento, torturas físicas y deprivación de alimentos y agua sufridas por un detenido durante el conflicto armado interno.
La CVR documenta que las ejecuciones arbitrarias fueron prácticas generalizadas y sistemáticas en Ayacucho entre 1983-1984, con desapariciones forzadas como modalidad encubierta entre 1989-1993.
El sistema judicial peruano incumplió sus funciones al permitir torturas, maltratos y sentencias sin fundamento jurídico durante el conflicto armado interno.
La CVR documentó denuncias de tortura en 22 de los 24 departamentos del país, indicando una práctica sistemática y extendida.
La Corte Europea de Derechos Humanos reconoce la violación sexual como forma agravada de trato cruel, inhumano y degradante.
Investigadores de prensa descubrieron que agentes del SIE torturaron y asesinaron a informantes que colaboraban en investigaciones periodísticas.
La noche del 9 de octubre de 1996, efectivos militares de las bases de Pichari y Tambo incursionaron en Chalhuamayo Alto y detuvieron a ocho personas para torturalas.
Número indeterminado de personas fueron detenidas y torturadas a finales de agosto de 1996 en la base militar de Monzón, Huamalíes, Huánuco, durante un operativo militar.
La CIDH reconoció la violación sexual como forma de tortura en el caso de Raquel Martín de Mejía, quien fue violada reiteradamente tras la detención de su esposo por efectivos militares en Oxapampa, Pasco.
En abril de 1994, efectivos del Ejército cometieron torturas y ejecuciones extrajudiciales contra pobladores del caserío de Moyuna, distrito Crespo y Castillo, provincia Leoncio Prado (Huánuco).
Uso sistemático de la tortura para forzar a detenidos a acogerse a la Ley de Arrepentimiento en Ayacucho durante 1994.
Testimonio de detenidos que sufrieron torturas y condiciones inhumanas en celdas de la DINCOTE en Lima, incluyendo privación de agua, alimentos e higiene.
Civiles detenidos por militares en Monzón en septiembre de 1993 fueron sometidos a torturas sistemáticas en bases militares.
Detención y tortura de un civil por efectivos militares en Monzón, Huánuco, acusado falsamente por un 'arrepentido' sometido a maltratos.
Juan Mallea fue detenido, torturado durante dos horas en la DINCOTE y exhibido públicamente como autor de planos relacionados con desaparecidos de La Cantuta.
Rafael Salgado Castilla falleció el 17 de abril de 1993 en las oficinas de la DIVISE como resultado de múltiples torturas infligidas por efectivos policiales durante su detención.
Alfredo fue detenido a los 15 años en enero de 1993, torturado para obtener confesión, juzgado por fuero militar sin abogado defensor y condenado a cadena perpetua.
Documentación de violaciones sexuales y torturas perpetradas contra mujeres detenidas en la Base Militar Las Palmas en 1993.
La tortura y tratos crueles fueron utilizados sistemáticamente durante la lucha contrasubversiva para extraer información, castigar detenidos y demostrar eficacia operativa.
En la DINCOTE de Lima, entre 1989 y 1993, detenidos fueron sometidos a torturas sistemáticas incluyendo ahogamiento simulado y violencia sexual como método de coerción.
Examen forense de la Policía Nacional del Perú a María Magdalena Monteza Benavides que documentó contusiones recientes en la rodilla izquierda.
Nancy Pimentel Cuellar, estudiante universitaria, fue detenida y torturada por miembros de la Policía y fuerzas armadas bajo acusación de vinculación con Sendero Luminoso.
Documentación de la violación sexual múltiple y tortura de María Monteza Benavides durante su detención clandestina en octubre de 1992.
Miembros del PCP-SL torturaron a civiles en Puno mediante técnicas como el torniquete y golpizas para obtener información sobre líderes comunitarios y paraderos de personas.
Detainees held at the San Ignacio Police Headquarters were subjected to systematic torture and cruel mistreatment during their detention in 1992-1993.
Pedro Yauri fue secuestrado, torturado e asesinado por agentes del Grupo Operativo Especial 'Colina' en una playa de Huacho el 24 de junio de 1992.
Marco Gonzáles Tuanama fue detenido por una patrulla militar el 29 de abril de 1992 en la base de Mariscal Cáceres y torturado con descargas eléctricas durante su interrogatorio.
La población de Raucana se movilizó el 27 de abril de 1992 para impedir el traslado de un dirigente detenido, resultando en disparos ordenados por militares que causaron un muerto y once heridos.
El 22 de marzo, miembros del SIE secuestran a Mariela Barreto Riofano; su cuerpo descuartizado es hallado dos días después en la carretera a Canta.
Análisis de la respuesta del Poder Judicial respecto de las garantías judicales durante los Estados de Emergencia en Perú (1980-2000).
Los penales de máxima seguridad se transformaron en espacios de tortura, maltrato e intimidación estatal que generaron trauma físico y psicológico en militantes subversivos, arrepentidos y presos.
Relatos de detenidos que fueron sometidos a torturas físicas y eléctricas por policías durante interrogatorios en una comisaría peruana.
Detención arbitraria y tortura de un civil por efectivos del Ejército en Naranjitos, Bagua, basada en prejuicios sobre su apariencia física.
La tortura fue utilizada sistemáticamente para obligar a detenidos a incriminar a terceras personas, intensificándose cuando las víctimas se negaban a colaborar.
El 20 de noviembre de 1991, miembros del PCP-SL bajo las órdenes de la camarada Marcela torturaron y asesinaron al hermano de VEG en la comunidad de Pillucho.
Detención, tortura sistemática y desaparición de civiles por militares en la base Los Laureles de Tingo María en agosto y setiembre de 1991.
Estudiante de psicología detenido como sospechoso durante operativo policial del 19 de junio de 1991 y sometido a tortura en múltiples dependencias policiales.
En 1991, un declarante fue sometido a torturas acuáticas en la provincia de Tingo María, Huánuco.
Detención de civiles por intervención militar en la Plaza de Santa Rosa de Chupaca, trasladados posteriormente a la Base Militar de Acac Bellavista.
Detención y tortura de campesinos en Tirani y Nanrapata por una patrulla armada el 23 y 24 de abril.
Hermenegildo Jauja Salazar fue detenido el 22 de abril y encontrado agonizante tras ser interrogado y torturado por la patrulla militar.
La Comisión documentó patrones sistemáticos de detención ilegal seguidos de tortura, donde las víctimas quedaban a merced de sus captores sin comunicación a autoridades competentes.
Documentación de prácticas de tortura acuática empleadas por fuerzas de seguridad peruana, incluyendo sumersión en agua, tinas con líquidos contaminados y envolvimiento con trapos.
En la madrugada del 11 de diciembre de 1989, aproximadamente 200 miembros del PCP-SL irrumpieron en Paccha y cometieron una masacre contra los pobladores en represalia por las acciones de las rondas campesinas.
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