Golpe de Estado del 5 de abril de 1992 y violaciones a derechos humanos
El golpe de Estado de 1992 estableció un régimen de facto que suspendió la democracia e implementó grupos operativos encubiertos para asesinatos, desapariciones y torturas.
A partir del golpe de Estado del 5 de abril de 1992, se estableció un régimen de facto que suspendió la institucionalidad democrática del país mediante la intervención en el Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Ministerio Público y otros órganos constitucionales. El denominado "Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional" concentró las funciones ejecutivas y legislativas, neutralizando el control político y judicial sobre sus actos. Durante este período se utilizaron recursos del Estado para organizar, adiestrar y emplear grupos operativos encubiertos dedicados al asesinato, desaparición y tortura de personas, estructurados alrededor del Servicio de Inteligencia Nacional, como el caso del "Grupo Colina".