Establecimiento de la Comisión de Seguimiento de las recomendaciones de la CIDH
Creación mediante Decreto Supremo 005-2002-JUS de la Comisión de Seguimiento de la CIDH para diseñar un programa integral de reparación no dineraria en 159 casos.
Base de datos completa de eventos del conflicto armado interno en Perú extraídos del Informe Final de la CVR. 5,159 eventos documentados desde 1817 hasta 2003.
Creación mediante Decreto Supremo 005-2002-JUS de la Comisión de Seguimiento de la CIDH para diseñar un programa integral de reparación no dineraria en 159 casos.
Talleres de reconciliación realizados por la CVR en diversas regiones del Perú para discutir justicia, reparación y fortalecimiento del Estado de Derecho.
Establecimiento de la CVR como mecanismo de reparaciones y reconocimiento estatal hacia las víctimas de la violencia.
La CVR fue creada por el Gobierno peruano con mandato político y ético para investigar la verdad sobre la historia del país, asumiendo responsabilidad frente a la nación.
La CVR presenta reformas institucionales del Estado circunscritas a los sucesos violentos de las últimas dos décadas, expresadas como cambios organizacionales y lineamientos de política pública.
El presidente Alberto Fujimori Fujimori designa a Federico Salas Guevara como presidente del Consejo de Ministros e inicia su tercer período presidencial 2000-2005.
Alberto Fujimori gana la segunda vuelta electoral del 28 de mayo de 2000 con el 50.33% de los votos válidos, pero su reelección es rechazada por el gobierno estadounidense y genera debate internacional.
In 2000, Peru embarked on a new transition to democracy following the fall of an authoritarian and corrupt government. This period marked a renewed hope among the populace for a state that truly represents all Peruvians and fosters a united, peaceful, and prosperous society. To address the legacy of two …
Debate sobre la decisión del Perú de retirarse de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1999.
Examen de la doctrina y motivaciones detrás del plan inconstitucional de los oficiales militares para tomar el poder, combinando ideología autoritaria, impunidad por violaciones de derechos humanos y ambiciones personales.
El 5 de abril de 1992, el Parlamento destituido declaró la vacancia presidencial e instaló a Máximo San Román como Presidente Constitucional, mientras la comunidad internacional condenaba el golpe pero las instituciones financieras internacionales continuaban apoyando económicamente al régimen.
Ruptura democrática y constitucional del 5 de abril de 1992 que disolvió el Congreso y reestructuró el poder judicial, con respaldo popular mayoritario.
El golpe de estado ocurrido el 5 de abril de 1992 afectó seriamente la legitimidad del Estado peruano durante los años 90.
En abril de 1992 se produjo un golpe de Estado que demostró la incapacidad del Congreso democrático para controlar las fuerzas fácticas del país y detener los errores en las políticas contrasubversivas.
Evento de violencia política ocurrido el 3 de noviembre de 1991 en Barrios Altos.
Directiva que establece un programa político y contrasubversivo con objetivos de infiltración, identificación y neutralización de elementos subversivos mediante operativos especiales.
Fujimori utilizó decretos supremos y legislativos para debilitar al Congreso y acumular poder ejecutivo bajo el pretexto de la contrasubversión.
En diciembre de 1990, ochocientos sacerdotes y religiosas publican el documento 'Firmes en la Esperanza' denunciando la violencia múltiple en el Perú y llamando a defender los derechos humanos como base para la verdadera democracia.
Único congreso nacional de IU realizado en Lima en enero de 1989, donde confluyeron todas las tendencias de la coalición de izquierda y se debatió sobre la estrategia política y organizativa de cara a las elecciones presidenciales de 1990.
Análisis del conflicto en el Alto Huallaga entre grupos subversivos y el Estado, vinculado al narcotráfico y la estrategia político-militar.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva sobre las garantías judicales que deben mantenerse durante estados de excepción conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció estándares uniformes sobre la relación entre Estados de Excepción y derechos humanos a través de opiniones consultivas sobre hábeas corpus y garantías judiciales.
Encuentro convocado por la Iglesia del Sur Andino en agosto de 1986 para enfrentar la violencia mediante el diálogo, la democracia y la afirmación de derechos humanos.
Alfonso Barrantes, presidente de IU, realizó un llamado televisado a un gran acuerdo nacional para detener la violencia y fortalecer la democracia.
El Congreso aprobó la Ley 24150 a fines de 1982, legitimando la militarización de la lucha contrasubversiva y debilitando el control civil democrático.
La SNI realizaba elecciones internas mediante consenso previo entre grandes y medianos industriales, con participación del Comité de Pequeña Empresa, sin competencia real de listas.
El presidente Belaunde declaró la devolución de los medios de comunicación expropiados durante el gobierno militar, formalizada en noviembre de 1984 mediante la ley 23226.
En 1980, Perú retorna al sistema democrático formal tras doce años de militarismo, abriendo nuevos caminos para la izquierda peruana, aunque algunas agrupaciones marxistas como el PCP-SL rechazaron participar en las elecciones.
La bancada izquierdista participó en la Asamblea Constituyente con aportes a derechos fundamentales y sociales, pero rechazó suscribir la Constitución por considerarla antidemocrática.
El sistema judicial peruano enfrentaba deficiencias estructurales e institucionales que limitaban su capacidad para hacer frente al conflicto armado iniciado en 1980.
Durante el gobierno de Belaúnde Terry se restauraron instituciones democráticas tras la dictadura, pero el Estado no logró prevenir ni castigar violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad.
El Estado cedió autoridad democrática a las Fuerzas Armadas mediante la creación de Comandos Político-Militares en zonas declaradas en emergencia, debilitando instituciones civiles y derechos humanos.
Los empresarios industriales participaron en la Asamblea Constituyente de 1978 con la esperanza de que un régimen de democracia parlamentaria protegiera sus intereses económicos y permitiera revisar políticas tributarias y laborales.
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