Operativo Huancayoc y la masacre de Accomarca
El Operativo Huancayoc resultó en el asesinato de 62 personas en el distrito de Accomarca, Vilcashuamán, Ayacucho, incluyendo 26 niños.
Base de datos completa de eventos del conflicto armado interno en Perú extraídos del Informe Final de la CVR. 5,159 eventos documentados desde 1817 hasta 2003.
El Operativo Huancayoc resultó en el asesinato de 62 personas en el distrito de Accomarca, Vilcashuamán, Ayacucho, incluyendo 26 niños.
El Tribunal Constitucional declaró nula en 2002 gran parte de la legislación antiterrorista promulgada durante el gobierno Fujimori debido a violaciones sistemáticas del debido proceso.
En octubre de 2001, el Consejo Supremo de Justicia Militar declaró nula la resolución que había aplicado amnistía en el Caso Barrios Altos, en cumplimiento de sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la incompatibilidad de las leyes de autoamnistía con la Convención Americana, permitiendo la reapertura de procesos penales contra responsables de violaciones a derechos humanos.
La Corte Interamericana declaró que su sentencia en el caso Barrios Altos tiene efectos generales, invalidando las leyes de amnistía peruanas e iniciando una nueva etapa contra la impunidad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró sin efecto jurídico las leyes de amnistía peruanas por ser incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró nula la ley de amnistía que amparaba a los acusados de la masacre de Barrios Altos, estableciendo que las disposiciones de amnistía no pueden impedir la investigación de violaciones graves de derechos humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró incompatibles las leyes de auto-amnistía 26475 y 26492 por conducir a la indefensión de víctimas y perpetuación de la impunidad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró el 14 de marzo de 2001 que las leyes de amnistía peruanas eran incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sentencia el 14 de marzo de 2001 en el caso Barrios Altos, declarando nulas las leyes de amnistía y estableciendo efectos generales para todos los casos de violaciones de derechos humanos en Perú.
Tras la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Poder Judicial peruano reabrió el proceso por la masacre de Barrios Altos en 2001, ampliando las denuncias contra Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás de Bari Hermoza Ríos y otros 13 procesados.
Los tribunales militares constituidos por personal de las Fuerzas Armadas en actividad vulneraban las garantías de independencia e imparcialidad al juzgar civiles acusados de traición a la patria.
Debate sobre la decisión del Perú de retirarse de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1999.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró nulo el juzgamiento ante la Justicia Militar en el caso Castillo Petruzzi y otros, ordenando un nuevo juicio que fue acatado por el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenando al Estado peruano por la desaparición de Ernesto Rafael Castillo Páez y ordenando investigación, reparaciones e indemnización a los familiares.
El Estado fue responsable de la violación del derecho a la vida de nueve estudiantes y un catedrático de la Universidad Nacional de Educación en julio de 1992, con posterior negación sistemática de garantías judicales a los familiares.
El 4 de julio de 1991, una patrulla del Ejército asesinó a quince personas en la mina 'Misteriosa'.
Caso de violaciones de derechos humanos en la comunidad de Santa Bárbara, Huancavelica, ocurridas en julio de 1991 durante operaciones militares en zona de emergencia.
Represión estatal desproporcionada durante el motín en el penal San Juan Bautista (El Frontón) que resultó en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones de internos.
Sentencia de la Corte Interamericana que estableció la responsabilidad del Estado por violaciones a derechos humanos y su deber de prevenir, investigar y reparar.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva sobre las garantías judicales que deben mantenerse durante estados de excepción conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que los límites legales al poder público persisten incluso en situaciones excepcionales.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció estándares uniformes sobre la relación entre Estados de Excepción y derechos humanos a través de opiniones consultivas sobre hábeas corpus y garantías judiciales.
Caso de procesados desaparecidos durante motines en el Penal El Frontón declarado zona militar restringida en junio de 1986, con rechazos judiciales a habeas corpus.
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