Masacre de Barrios Altos y caso La Cantuta
El Estado fue responsable de la violación del derecho a la vida de nueve estudiantes y un catedrático de la Universidad Nacional de Educación en julio de 1992, con posterior negación sistemática de garantías judicales a los familiares.
La CVR afirma que el Estado fue responsable de la muerte de nueve estudiantes y del catedrático de la Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle" en julio de 1992. El Estado negó sistemáticamente a los familiares de las víctimas las garantías judicales mínimas al ocultar información sobre el destino de los desaparecidos. Se manipularon los poderes del Estado recurriendo al Congreso y al Consejo Supremo de Justicia Militar en 1993 para promulgar leyes inconstitucionales que evitaran la sanción penal de los responsables. La CVR exhorta al Poder Judicial a continuar investigando para determinar y sancionar a los responsables conforme a derecho.