Desaparición Forzada en Perú: Análisis de Género
La CVR documentó 5317 casos de desaparición forzada, con diferencias significativas en cómo afectó a hombres y mujeres, incluyendo el impacto en familiares que buscaban a los desaparecidos.
Événements tirés du rapport final de la CVR (Commission vérité et réconciliation du Pérou). Ce rapport documente les violations des droits humains commises pendant le conflit armé interne de 1980 à 2000.
La CVR documentó 5317 casos de desaparición forzada, con diferencias significativas en cómo afectó a hombres y mujeres, incluyendo el impacto en familiares que buscaban a los desaparecidos.
Testimonios de víctimas sobre las violaciones sistemáticas, torturas, desapariciones y asesinatos cometidos por fuerzas del Estado y grupos subversivos durante el conflicto interno.
El Congreso Constituyente Democrático aprobó una moción de condena contra la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos por difundir denuncias sobre actuaciones de las Fuerzas Armadas en la zona del Huallaga.
La ley antiterrorista autorizó a las Fuerzas Armadas a detener presuntos implicados en delitos de terrorismo en lugares sin dependencia policial, lo que resultó en violaciones de derechos fundamentales.
Las Fuerzas Armadas elaboraron una nueva estrategia contrasubversiva integral en 1989 que fortaleció su rol en la lucha contra el terrorismo y redefinió la correlación política del país.
Descripción del contexto de conflictos en América Central y la estrategia del gobierno peruano de Alan García para enfrentar la violencia subversiva mediante políticas sociales y diálogos de paz.
Defensor de derechos humanos de Huancavelica fue víctima de allanamiento, maltrato, amenazas y detención arbitraria por su trabajo de documentación de violaciones de derechos humanos.
La CVR documenta que las fuerzas armadas aplicaron estrategias de represión indiscriminada y selectiva que resultaron en violaciones sistemáticas de derechos humanos constitutivas de crímenes de lesa humanidad.
Analyse de la façon dont les décrets d'état d'urgence au Pérou ont permis aux commandements politico-militaires d'assumer des pouvoirs extraordinaires et d'agir en dehors du cadre constitutionnel, engendrant des schémas systématiques de violations des droits de l'homme.
La CVR constata que el gobierno trasladó la conducción de la lucha contrasubversiva a las fuerzas armadas a fines de 1982, iniciando un proceso de militarización que produjo numerosas violaciones sistemáticas de derechos humanos.
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