Prohibición de recusar magistrados en procesos por terrorismo
El Decreto Ley 25475 prohibió a las partes procesales recusar a los jueces en casos de terrorismo, violando garantías básicas del proceso judicial.
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El Decreto Ley 25475 prohibió a las partes procesales recusar a los jueces en casos de terrorismo, violando garantías básicas del proceso judicial.
En junio de 1995, una jueza de Lima solicitó al fuero militar poner a disposición de su juzgado a cuatro miembros del Grupo Colina, declarando inaplicable la ley de amnistía militar.
La Ley 25031 estableció un nuevo esquema legislativo antiterrorista que desplazó las atribuciones del Ministerio Público y amplió arbitrariamente las de la Policía en la investigación de delitos de terrorismo.
Ley 24700 de 1987 que estableció procedimientos de investigación preliminar y juzgamiento de delitos de terrorismo con participación del Ministerio Público.
El sistema judicial peruano enfrentaba deficiencias estructurales e institucionales que limitaban su capacidad para hacer frente al conflicto armado iniciado en 1980.