Paro Nacional del SUTEP y Represión Gubernamental (1973)
El gobierno represivo durante el paro nacional del SUTEP del 24 de octubre de 1973 resultó en el encarcelamiento de más de 500 profesores y el envío de 91 a la colonia penal de El Sepa.
El gobierno represivo durante el paro nacional del SUTEP del 24 de octubre de 1973 resultó en el encarcelamiento de más de 500 profesores y el envío de 91 a la colonia penal de El Sepa.
El paro nacional de 1977 fue interpretado por empresarios y gobierno como agitación comunista, lo que condujo al despido de dirigentes sindicales y generó una nueva ola de conflictividad laboral.
La huelga de los trabajadores de SiderPerú, iniciada el 6 de diciembre de 1977, fue apoyada por las organizaciones sociales de Chimbote, su Obispo y su Alcalde. Hacia fines de enero de 1978, ante las crecientes protestas sociales y paros provinciales, el gobierno cedió frente a las demandas de los …
Operación antinarcóticos de 1979 que sirvió como precedente para el establecimiento de bases militares contrasubversivas en la zona de emergencia peruana.
La CGTP convocó a un paro nacional los 9, 10 y 11 de enero de 1979 que fracasó al segundo día, tras lo cual la Junta Militar declaró estado de emergencia y suspendió garantías individuales.
Presencia de múltiples actores armados (PCP-SL, MRTA, fuerzas de orden y grupos asháninkas) en la selva central generando enfrentamientos que afectaron a poblaciones nativas y colonas.
El presidente Belaunde declaró la devolución de los medios de comunicación expropiados durante el gobierno militar, formalizada en noviembre de 1984 mediante la ley 23226.
El Estado peruano estableció mediante el Decreto Legislativo Nº046 de marzo de 1981 la regulación para la tipificación y sanción del delito de terrorismo, iniciando una legislación penal especial.
Discusión gubernamental en 1980-1981 sobre la magnitud de los actos terroristas y la necesidad de legislación especial para tipificar el delito.
Detención de la estudiante de derecho Edith Lagos Sáez en Ayacucho el 20 de diciembre de 1980, acusada de ser dirigente de Sendero Luminoso, mientras la organización intensificaba sus acciones y robos de armas.
Despliegue de fuerzas de la Guardia Civil y el Ejército a Ayacucho en mayo de 1981 para combatir al PCP-SL.
Relato sobre cómo el PCP-SL se presentó inicialmente en las comunidades mediante acciones comunitarias antes de expandirse a través de escuelas clandestinas para adoctrinar y reclutar jóvenes al Ejército Guerrillero Popular.
El 12 de octubre de 1981, el gobierno decretó el estado de emergencia en cinco provincias de Ayacucho, suspendiendo garantías constitucionales y habilitando a las Fuerzas Armadas para asumir el control del orden interno.
El gobierno de Belaunde desplegó aproximadamente 2000 efectivos del Ejército en la zona de emergencia a partir del 31 de diciembre de 1981 en respuesta a la estrategia terrorista del PCP-SL.
En 1982, la SEDENA elaboró una directiva presidencial para la intervención militar en zonas antisubversivas, otorgando máxima libertad de acción a las Fuerzas Armadas.
El Congreso aprobó la Ley 24150 a fines de 1982, legitimando la militarización de la lucha contrasubversiva y debilitando el control civil democrático.
La CVR constata que el gobierno trasladó la conducción de la lucha contrasubversiva a las fuerzas armadas a fines de 1982, iniciando un proceso de militarización que produjo numerosas violaciones sistemáticas de derechos humanos.
En 1982, el PSR ML y el MIR El Militante fundaron el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
El capitán de la Guardia Civil Luis Rodriguez Hernandez fue ejecutado por Sendero Luminoso en Talavera el 3 de marzo de 1982, acusado de torturador.
El 3 de marzo de 1982 fue restablecido el estado de emergencia en Huamanga por decreto supremo tras el ataque al CRAS.
En julio de 1982, Sendero Luminoso ejecutó su mayor ofensiva desde el inicio de la lucha armada, lo que llevó al gobierno a declarar el estado de emergencia en el país.
El 22 de agosto de 1982, el PCP-SL atacó un puesto de la Guardia Civil en Vilcashuamán, resultando en 5 horas de enfrentamientos y 7 policías muertos.
Miles de campesinos cocaleros iniciaron una huelga indefinida el 25 de noviembre de 1982 en Tingo María para exigir la reanudación del comercio legal de coca a través de ENACO.
En diciembre de 1982, el gobierno entregó las provincias de la sierra sur-central bajo estado de emergencia al comando militar, transformando la región en territorio de guerra.
La CVR documenta que las fuerzas armadas aplicaron estrategias de represión indiscriminada y selectiva que resultaron en violaciones sistemáticas de derechos humanos constitutivas de crímenes de lesa humanidad.
Transferencia del control de la lucha contrasubversiva a las fuerzas armadas desde enero de 1983, sin supervisión civil adecuada ni definición clara de funciones.
Listado de bases militares y cuarteles del Ejército Peruano ubicados en diversas provincias del departamento de Ayacucho durante el conflicto armado.
Conflicto entre militares y prensa sobre los hechos de Uchuraccay en enero de 1983, donde el general Roberto Clemente Noel Moral enfrentó tensiones derivadas del evento.
Tras la asunción del control militar de la zona en enero de 1983, se intensificaron las presiones gubernamentales y de las fuerzas del orden sobre los medios de comunicación regional.
En 1983, Amnistía Internacional presentó al gobierno de Belaúnde Terry un informe documentando desapariciones forzadas en Perú.
El 2 de febrero de 1983, el gobierno peruano nombró la Comisión Investigadora de los Sucesos de Uchuraccay, presidida por el escritor Mario Vargas Llosa. Esta comisión fue creada para investigar la masacre de ocho periodistas ocurrida el 26 de enero de 1983 en la comunidad de Uchuraccay, provincia de …
El gobierno extendió el estado de emergencia en Ayacucho el 22 de abril de 1983 como consecuencia de acciones que cortaban vías de acceso y abastecimiento en el departamento.
Huelga de policías y guardias civiles el 25 de mayo de 1983 por mejoras salariales y condiciones de trabajo precarias en la lucha contrasubversiva.
El Estado instaló bases militares en los distritos de Vilca y Manta el 21 de marzo de 1984 como respuesta al incremento de la actividad subversiva del PCP-SL en la provincia de Huancavelica.
Entre mayo y junio de 1984, miembros del PCP-SL perpetraron masacres contra campesinos en diversos caseríos y zonas de Ayacucho, asesinando a decenas de personas.
El gobierno de Belaunde Terry implementó medidas de emergencia y participación de las Fuerzas Armadas tras el incremento de acciones terroristas en junio de 1984.
En 1984 se registró el 20% de las desapariciones ocurridas durante los veinte años de violencia, incluyendo asesinatos, desapariciones y hallazgo de fosas comunes.
Un mes y medio antes de asumir la presidencia, García sancionó el DL 24150 que normaba los estados de excepción y permitió que las Fuerzas Armadas asumieran el control del orden interno.
El gobierno de Belaunde declaró el estado de emergencia en Pasco el 10 de mayo de 1985 tras el asesinato de un catedrático por el PCP-SL, lo que resultó en violaciones sistemáticas de derechos humanos.
El gobierno peruano decretó el 14 de agosto de 1985 la reorganización de las fuerzas policiales mediante la ley 24294, otorgando plenos poderes al Ejecutivo para reformular estructuras y presupuestos tras años de corrupción y deficiencias institucionales.
En septiembre de 1985 se denunciaron matanzas perpetradas por patrullas del Ejército en Pucayacu y Accomarca que dejaron 7 y 69 muertos respectivamente.
El 27 de diciembre de 1985 culminaron las negociaciones entre el gobierno peruano y las empresas petroleras extranjeras. Estas negociaciones se dieron en el contexto de la decisión del presidente Alan García Pérez de resolver los contratos de operaciones petroleras celebrados con las firmas Occidental Petroleum Corporation del Peru, Belco …
Análisis del régimen carcelario impuesto en establecimientos penitenciarios peruanos a detenidos por terrorismo durante 1980-2000 y su incompatibilidad con normas internacionales de derechos humanos.
Evento clave ocurrido en 1986 en el penal de El Frontón que marcó un punto de inflexión en la estrategia del PCP-SL y la violencia política en Lima.
El gobierno aprista creó el PROEM en 1986, permitiendo la contratación de trabajadores sin estabilidad laboral por hasta dos años, medida que fue ampliamente utilizada por empresarios para evadir derechos laborales.
El 7 de febrero de 1986, la comunidad de Macarí fue atacada por aproximadamente 120 hombres armados desde la central Kunurana, quienes quemaron sus viviendas y arrearon su ganado.
En junio de 1986, internos acusados de terrorismo se amotinaron en tres penales, siendo sofocados mediante operaciones militares y policiales con saldo de muertes.
En junio de 1986, las Fuerzas Armadas ejecutaron una operación que resultó en la muerte de reclusos de Sendero Luminoso en tres penales peruanos.
El 17 de junio de 1986, reclusos senderistas en tres penales peruanos tomaron rehenes y fueron reprimidos por fuerzas militares bajo orden del presidente García, resultando en cientos de muertes.
Motines simultáneos en tres penales de Lima el 18 de junio de 1986, protagonizados por militantes de Sendero Luminoso que tomaron rehenes y armas, resueltos mediante intervención de las Fuerzas Armadas.
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1991
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