Militarización y violaciones de derechos humanos en Perú
La CVR constata que el gobierno trasladó la conducción de la lucha contrasubversiva a las fuerzas armadas a fines de 1982, iniciando un proceso de militarización que produjo numerosas violaciones sistemáticas de derechos humanos.
El gobierno de Acción Popular optó por ceder la conducción de la lucha contrasubversiva a las fuerzas armadas a fines de 1982, ante la actividad cada vez más violenta del PCP-SL y las limitaciones de las fuerzas policiales. Esta decisión inició un proceso de militarización que duró más de una década y produjo una subordinación de hecho de las autoridades civiles locales a las estrategias contrasubversivas. La CVR establece que la creación de comandos político-militares se realizó sin tomar las previsiones indispensables para salvaguardar los derechos fundamentales de la población, lo que resultó en numerosas violaciones de los derechos humanos de manera sistemática y generalizada.