La Constitution de 1979 éleva au rang constitutionnel la fonction « tutélaire » des Forces Armées, leur conférant un mandat direct sur la défense nationale indépendant des pouvoirs élus.
El 12 de octubre de 1981, el gobierno decretó el estado de emergencia en cinco provincias de Ayacucho, suspendiendo garantías constitucionales y habilitando a las Fuerzas Armadas para asumir el control del orden interno.
Datos estadísticos sobre víctimas de violaciones de derechos humanos en Ayacucho, desagregados por sexo, edad y nivel educativo.
En Puno, la organización de las mujeres comenzó con la sequía de 1983 con apoyo de la Iglesia, formando clubes de madres y asociaciones que enfrentaban desconfianza hacia los militares.
La población de Ayacucho fue sometida a un círculo vicioso de violencia entre fuerzas del orden y grupos subversivos, siendo víctimas inocentes de represión, masacres y desapariciones.
Las comunidades de Huancasancos y Lucanamarca se rebelaron contra el PCP-SL en febrero de 1983, asesinando a sus líderes locales tras incremento de ejecuciones mediante 'juicios populares'.
Ejecución extrajudicial de cuatro comuneros por miembros del Ejército en Ccarpaccasa, Totos, el 17 de abril de 1983.
Operación militar en la comunidad de Callqui donde efectivos de la Marina, guiados por Jesús Vilca Huincho, identificaban presuntos subversivos mediante comunicaciones radiales.
En septiembre de 1985 se denunciaron matanzas perpetradas por patrullas del Ejército en Pucayacu y Accomarca que dejaron 7 y 69 muertos respectivamente.
El 22 de octubre de 1986, una patrulla militar ejecutó a civiles en Pomatambo y Parco, Ayacucho, tras detenerlos brutalmente.
A pesar de denuncias de víctimas y organizaciones de derechos humanos, los operadores de justicia no procesaron a miembros de las fuerzas armadas o policiales por torturas, permitiendo que la práctica continuara con total impunidad.
Martha Crisóstomo García, testigo de la masacre de Cayara, fue asesinada en Ayacucho el 8 de agosto de 1989.
Operativos militares de rastrillaje y tácticas de intimidación nocturna implementados por soldados en la comunidad de Raucana hacia 1990.
En 1990, Juan Santiago es elegido secretario general del sindicato minero y ese mismo día sufre un intento de asesinato por parte de Sendero Luminoso, tras lo cual organiza una guardia obrera que captura a presuntos senderistas.
Campanilla se convirtió en importante centro de narcotráfico bajo el control de Demetrio Chávez «Vaticano», quien operaba con apoyo militar y enfrentaba la hegemonía del PCP-SL en la región del Huallaga.
El 28 de abril, enfrentamiento entre pobladores de Raucana y efectivos del Ejército tras la detención de dirigentes comunales.
En mayo de 1991, el gobierno de Fujimori estableció una base militar en San Marcos tras un incidente de protesta estudiantil, militarizando el campus con requisas e intervenciones en facultades.
Estudiante de psicología detenido como sospechoso durante operativo policial del 19 de junio de 1991 y sometido a tortura en múltiples dependencias policiales.
Militares de la patrulla Escorpio asesinaron a 15 civiles en la mina abandonada Misteriosa en Huachocolpa durante el operativo Apolonia en julio de 1991.
Un comando militar asesinó al docente universitario Francisco Solier García, su esposa e hijo en su domicilio el 19 de julio de 1991 utilizando armas con silenciadores.
Testimonio de violaciones sexuales masivas cometidas por militares y efectivos de la Guardia Civil contra mujeres en Cajamarca el 31 de agosto de 1991.
En noviembre de 1991, el gobierno peruano promulgó los decretos legislativos 699 y 700, normas que otorgaban a las Fuerzas Armadas un papel promotor en la educación en zonas de emergencia.
A pesar de los indicios sobre el secuestro y asesinato de los estudiantes y el catedrático de La Cantuta, la mayoría oficialista del Congreso aprobó el dictamen de minoría que sostenía la tesis del autosecuestro. Esta decisión fue tomada aunque parezca increíble, negando la evidencia de la participación militar en …
El PCP-SL utilizó amenazas, torturas y miedo para dominar a las comunidades Asháninka, obligándolas a participar en sus actividades bajo pena de muerte.
La Ley de Arrepentimiento promovida por el Ejército generó confusión y desconfianza entre pobladores que ya habían sufrido durante el conflicto.
Los líderes senderistas implementaron un sistema de seguridad interna que incluía vigilancia perimetral, rondas nocturnas y control de acceso para proteger el asentamiento y mantener disciplina entre los pobladores.
Testimonios sobre la financiación de actividades militares mediante narcotráfico y el abuso de autoridades en Uchiza, Tocache.
Las fuerzas policiales y militares con atribuciones excesivas sometieron a detenidos a torturas, malos tratos e interrogatorios crueles para obtener autoinculpaciones y fabricar pruebas.
