8 documentos en Comisión de la Verdad y Reconciliación - Perú
The American directors of two documentaries being shown at Film Forum in New York this month believe it does: at the very least, they say, the Peruvian experience is a …
Unlike Bolivia and Ecuador, Peru has not seen the emergence of indigenous political movements and parties, even though its indigenous population is, in absolute terms, the largest in South America. …
MONEY FROM THE ILLICIT DRUG TRADE has increasingly helped to finance terrorist groups worldwide, but perhaps nowhere has this development been more significant than in Latin America’s Andes.1 In recent …
National police, helped in this drug-producing region by U.S.-donated helicopters, intelligence and training, said the Shining Path is regrouping with far stronger ties than in the past to the drug …
La sociedad peruana en la década de 1990 se convirtió en dura cuestionadora de la violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden, tras un período …
The U.S. embassy assesses the current situation in the South Central emergency zone of Ayacucho, following a two-day visit to this area in December. The report provides an analysis of …
Deputy Secretary of State John C. Whitehead sends guidance to U.S. embassies in Latin America on how to address the current crisis in Peru. The cable highlights growing tensions between …
President Belaunde visits the city of Ayacucho, in a move to demonstrate a united civil-military approach to terrorism and economic decay. The document notes that opposition figures and the press …
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La Sala Nacional de Terrorismo anuló el proceso militar del 2003 y reabrió juicio en fuero común contra los acusados en el caso Huilca Tecse.
Pantaleón Huayhua López fue identificado como participante en la preparación del coche bomba usado en el atentado a la Calle Tarata, siendo condenado a cadena perpetua.
Análisis de la aplicación del Derecho Internacional Humanitario en el conflicto armado interno peruano y la clasificación de torturas y tratos crueles como violaciones fundamentales.
La CVR documenta un proyecto piloto de depuración de 4,411 requisitorias y formula recomendaciones para reformar el sistema de órdenes de detención en casos de terrorismo.
Las Fuerzas Armadas ingresaron a Raucana bajo la táctica de acercamiento a la población, distribuiendo víveres, realizando exámenes médicos y presentando un evento festivo con prensa, pero permanecieron en la zona tras la retaguardia.
El terrorismo empobreció a las comunidades campesinas, dejando huérfanos sin educación y familias sin recursos para alimentarse ni vestirse.
Comunidades expresan preocupación por el resurgimiento potencial de actividades terroristas y tensiones ideológicas entre pobladores recuperados.
El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el Decreto Legislativo 895 por basarse en responsabilidad objetiva en lugar de intención del agente.
La Corte Interamericana declaró en 2001 que las leyes de amnistía 26479 y 26492 eran incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Los tribunales militares constituidos por personal de las Fuerzas Armadas en actividad vulneraban las garantías de independencia e imparcialidad al juzgar civiles acusados de traición a la patria.
La campaña electoral presidencial de 2000 fue marcada por irregularidades que incluyeron abuso de control mediático, campañas de desprestigio contra opositores y manipulación de la amenaza terrorista.
El sistema de jueces con identidad secreta implementado en casos de terrorismo violó garantías procesales fundamentales y derechos del debido proceso.
La CVR documentó denuncias de tortura en 22 de los 24 departamentos del país, indicando una práctica sistemática y extendida.
El Decreto Ley 25475 prohibió a las partes procesales recusar a los jueces en casos de terrorismo, violando garantías básicas del proceso judicial.
El gobierno utilizó operaciones psicosociales y control de medios para explotar el tema del terrorismo, acusando a la oposición de actividades terroristas y deslegitimando las protestas sociales.
Análisis de la derogación tácita en 1997 del sistema de justicia secreta establecido en 1991 para juzgar delitos de terrorismo con identidad reservada de magistrados.
El 25 de junio de 1997 se publica el Decreto Supremo Nº 005-97-JUS que aprueba el Reglamento del régimen de vida y progresividad en el tratamiento para internos procesados por delito de terrorismo y traición a la patria.
Iniciaron las negociaciones entre representantes del gobierno peruano y el MRTA con presencia de la Comisión de Garantes el 6 de febrero.
Pilar Anchita, vicepresidenta de FEPOMUVES, fue detenida en 1997 y liberada meses después por falta de pruebas tras ser acusada públicamente de terrorismo.
La CVR condena el asesinato del dirigente político Orestes Rodríguez Campos y su hijo Oscar Rodríguez Kadota, perpetrado por el PCP-SL de forma sistemática para causar terror.
Asesinato de la ex dirigente comunal de Huaycán, Pascuala Rosado, ordenado por el Comité Regional Metropolitano de PCP-SL y ejecutado por la Red Móvil el 18 de mayo de 1997.
La Sala Penal Especial de Lima condenó a varios individuos por delitos contra la tranquilidad pública y terrorismo entre abril y julio de 1996.
La Ley No. 26492 ('Ley Barrios Altos') ordenó el archivo definitivo de procesos judiciales relacionados con casos de terrorismo, impidiendo la investigación de responsables.
El 25 de mayo de 1995 entró en vigencia la Ley 26457 que declaró en reorganización las universidades públicas del país y destituyó sus autoridades.
El 21 de abril de 1995 se derogó la legislación que permitía procesar a adolescentes por terrorismo, restituyendo la jurisdicción especializada del niño y adolescente.
Se genera controversia por la liberación de miembros del PCP-SL mediante la Ley del Arrepentimiento, con desacuerdos entre autoridades sobre la procedencia de las excarcelaciones.
El departamento de Ucayali se mantuvo en estado de emergencia durante las elecciones generales de 1995 bajo control militar para contrarrestar actividades de remanentes de Sendero Luminoso.
A inicios de 1995 se promulgó el Decreto Supremo N° 01–95 que prohibió la presentación pública de detenidos, excepto en casos de traición a la patria.
La Sala Especial Penal de la Corte Superior de Justicia de Junín condenó a cinco personas por los delitos de terrorismo, homicidio y lesiones el 20 de julio de 1994.
La presencia de Sendero Luminoso en zonas rurales causó una drástica reducción de la extensión sembrada y dejó sin cultivar miles de hectáreas en Junín y Ayacucho.
Uso sistemático de la tortura para forzar a detenidos a acogerse a la Ley de Arrepentimiento en Ayacucho durante 1994.
En diciembre de 1993, Fujimori declaró la 'Guerra al terrorismo' como respuesta a los intentos de negociación de paz impulsados por Guzmán, lo que congeló las conversaciones.
En octubre de 1993, tras su captura y la de miembros de la dirección del PCP-SL, Abimael Guzmán propone un acuerdo de paz con demandas que incluyen revisión de expedientes, amnistía general y cierre de penales.
El 30 de septiembre de 1993, la Junta de Sanidad de la Policía Nacional acordó el retiro de la sub-oficial Ana Carolina Lira Chupingahua por invalidez en acto de servicio.
El 19 de agosto de 1993, miembros de Sendero Luminoso al mando de nativos Asháninkas asesinaron a 55 pobladores en Mazamari.
Examen médico realizado a detenidos en la Jefatura Policial de Chiclayo que consistió únicamente en preguntas verbales sin atención médica efectiva.
Serie de capturas de miembros del MRTA y operaciones contra empresarios en Lima durante 1993.
La Constitución de 1993 extendió la aplicación de la pena de muerte al delito de traición a la patria en caso de guerra interna, incluyendo casos de terrorismo.
La CNDDHH inició en 1993 una campaña para atender la situación de cientos de inocentes detenidos y sus familias durante la violencia política.
La ley antiterrorista autorizó a las Fuerzas Armadas a detener presuntos implicados en delitos de terrorismo en lugares sin dependencia policial, lo que resultó en violaciones de derechos fundamentales.
La Constitución de 1993 legitimó la creación de un sistema penal paralelo al facultar al Fuero Militar a juzgar civiles por delitos de Traición a la Patria en casos de guerra interna y terrorismo.
La Constitución de 1993 estableció la Academia de la Magistratura para mejorar la formación de jueces, pero su implementación fue deficiente debido a enfoque limitado y presiones políticas.
Ejecución del dirigente sindical Pedro Huilca, Secretario General de la CGTP, perpetrada por miembros de Sendero Luminoso el 18 de diciembre de 1992.
El 26 de noviembre se promulgó el decreto ley 25880 que penalizaba a maestros por apología del terrorismo, tipificándolo como traición a la patria con pena de cadena perpetua.
Incursión armada en la comunidad de Huayao que causó entre 44 y 50 muertes, destrucción de viviendas y desplazamiento de pobladores en octubre de 1984.
El 19 de septiembre de 1992, presuntos senderistas atacan el vehículo del alcalde Johnny Rodríguez en Pachacamac durante labores de empadronamiento, resultando en la muerte de un poblador.
El Decreto Ley 25728 permitía condenar en ausencia por terrorismo y traición a la patria, violando garantías fundamentales del debido proceso.
El 12 de septiembre de 1992, el GEIN de la DIRCOTE capturó a Abimael Guzmán Reynoso y otros líderes centrales del PCP-Sendero Luminoso.
Operación policial que resultó en la captura de Abimael Guzmán Reinoso y otros miembros de la dirección del Comité Central del PCP-SL en un inmueble de Surquillo el 12 de agosto de 1992.
El 16 de julio de 1992, Sendero Luminoso ejecutó el atentado de la calle Tarata en Miraflores que dejó 20 muertos y 132 heridos, seguido de múltiples ataques simultáneos en la ciudad.