Violaciones de derechos humanos en operativos antiterroristas
Las fuerzas policiales y militares con atribuciones excesivas sometieron a detenidos a torturas, malos tratos e interrogatorios crueles para obtener autoinculpaciones y fabricar pruebas.
Base de datos completa de eventos del conflicto armado interno en Perú extraídos del Informe Final de la CVR. 5,159 eventos documentados desde 1817 hasta 2003.
Las fuerzas policiales y militares con atribuciones excesivas sometieron a detenidos a torturas, malos tratos e interrogatorios crueles para obtener autoinculpaciones y fabricar pruebas.
Audiencia pública del 4 de septiembre de 2002 que examinó cómo la legislación antiterrorista violó derechos fundamentales de procesados, principalmente pobres y vulnerables de áreas rurales.
El Tribunal Constitucional declaró nula en 2002 gran parte de la legislación antiterrorista promulgada durante el gobierno Fujimori debido a violaciones sistemáticas del debido proceso.
Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declara violación de derechos procesales en el juzgamiento de Cantoral Benavides por traición a la patria.
Sentencia de la Corte Interamericana que determina la incompetencia de los tribunales militares para juzgar civiles y cuestiona la independencia e imparcialidad de la justicia militar peruana.
El sistema de jueces con identidad secreta implementado en casos de terrorismo violó garantías procesales fundamentales y derechos del debido proceso.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró nulo el juzgamiento ante la Justicia Militar en el caso Castillo Petruzzi y otros, ordenando un nuevo juicio que fue acatado por el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Análisis de la derogación tácita en 1997 del sistema de justicia secreta establecido en 1991 para juzgar delitos de terrorismo con identidad reservada de magistrados.
El Tribunal Constitucional declara que autorizar a tribunales militares juzgar civiles por traición a la patria y terrorismo viola el derecho al juez natural.
El Decreto Ley 25728 permitía condenar en ausencia por terrorismo y traición a la patria, violando garantías fundamentales del debido proceso.
El sistema de jueces secretos establecido en 1992 para juzgar delitos de terrorismo y traición a la patria violó garantías fundamentales del debido proceso.
A partir de 1992, la aplicación de la legislación penal de emergencia antiterrorista incrementó exponencialmente el número de inocentes en prisión por violaciones al debido proceso.
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