Los tribunales sin rostro en Perú
El sistema de jueces secretos establecido en 1992 para juzgar delitos de terrorismo y traición a la patria violó garantías fundamentales del debido proceso.
El Decreto Ley 25475 de 1992 estableció un sistema de justicia excepcional y secreta donde los jueces, magistrados y miembros del Ministerio Público mantenían identidad oculta, utilizaban códigos en lugar de firmas y rúbricas. Este régimen de "jueces sin rostro" negaba garantías básicas del debido proceso, incluyendo el derecho a ser juzgado por un tribunal competente, independiente e imparcial. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que este anonimato violaba flagrantemente el artículo 8(1) de la Convención Americana, pues el acusado tenía derecho fundamental a conocer quién lo estaba juzgando y determinar la competencia de su juzgador.