Base de datos completa de eventos del conflicto armado interno en Perú extraídos del Informe Final de la CVR. 5,159 eventos documentados desde 1817 hasta 2003.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró el 14 de marzo de 2001 que las leyes de amnistía peruanas eran incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Corte Interamericana declaró que su sentencia en el caso Barrios Altos tiene efectos generales, invalidando las leyes de amnistía peruanas e iniciando una nueva etapa contra la impunidad.
La Corte Interamericana declaró en 2001 que las leyes de amnistía 26479 y 26492 eran incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sentencia el 14 de marzo de 2001 en el caso Barrios Altos, declarando nulas las leyes de amnistía y estableciendo efectos generales para todos los casos de violaciones de derechos humanos en Perú.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró incompatibles las leyes de auto-amnistía 26475 y 26492 por conducir a la indefensión de víctimas y perpetuación de la impunidad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró nula la ley de amnistía que amparaba a los acusados de la masacre de Barrios Altos, estableciendo que las disposiciones de amnistía no pueden impedir la investigación de violaciones graves de derechos humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró sin efecto jurídico las leyes de amnistía peruanas por ser incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Sala Penal de la Corte Superior de Huancavelica aplicó la Ley de Amnistía N° 26479 al proceso seguido contra el Teniente Javier Bendezú Vargas y sus subalternos, ordenando el corte de la secuela procesal.
El presidente Fujimori promulga la Ley 26492 que establece como obligatoria la aplicación de la controvertida Ley de Amnistía, anulando resoluciones judiciales previas.
El Presidente Fujimori refrendó la Ley de Amnistía y el Congreso aprobó leyes adicionales para impedir que el Poder Judicial revisara la amnistía, generando masiva oposición pública.
El Consejo de Guerra declara aplicable la Ley de Amnistía Nº 26479 a oficiales militares acusados de delitos contra la vida, anulando la resolución que la había declarado inaplicable.
El Consejo Supremo de Justicia Militar rechazó el traslado al fuero común de cuatro integrantes del Grupo Colina acusados de participar en la matanza de Barrios Altos.
El Congreso de la República aprobó el 14 de junio de 1995 la Ley de Amnistía que liberó a oficiales y subalternos condenados por crímenes de lesa humanidad.
El Congreso aprueba la Ley de Amnistía General que beneficia a sentenciados por hechos delictuosos durante la lucha contra el terrorismo y el golpe de noviembre de 1992.
El régimen fujimorista aprobó las leyes 26479 y 26492 en junio de 1995 para legalizar la impunidad de violaciones de derechos humanos cometidas por perpetradores estatales.
Investigación judicial de la matanza de Barrios Altos enfrentó negativas de militares a declarar y una contienda de competencia entre justicia común y militar, resuelta mediante ley de amnistía en 1995.
Ejecuciones extrajudiciales en Barrios Altos que resultaron en amnistía para militares procesados mediante la Ley 26479 de 1995.
En 1995, el Congreso aprobó una ley que amnistió a los militares, exonerándolos de violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra interna.
Proceso penal contra militares por la matanza de Barrios Altos de 1991 y posterior promulgación de leyes de amnistía que impedían su enjuiciamiento.
En 1995, el gobierno de Fujimori promulgó una ley de amnistía general que liberó a oficiales militares condenados por la masacre de La Cantuta, obstaculizando la justicia por graves violaciones de derechos humanos.
Rafael Salgado Castilla falleció el 17 de abril de 1993 en las oficinas de la DIVISE como resultado de múltiples torturas infligidas por efectivos policiales durante su detención.
El Estado fue responsable de la violación del derecho a la vida de nueve estudiantes y un catedrático de la Universidad Nacional de Educación en julio de 1992, con posterior negación sistemática de garantías judicales a los familiares.
La CVR constata que la dictadura de Fujimori legalizó la impunidad mediante leyes de amnistía inconstitucionales y aplicación discriminada de legislación antiterrorista.
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