Barrios Altos Massacre Legal Proceedings
In 2001, the Peruvian judiciary reopened the investigation into the Barrios Altos massacre, following a ruling by the Inter-American Court of Human Rights. The case involved high-profile figures such as Vladimiro Montesinos Torres and Nicolás de Bari Hermoza Ríos, who were accused of serious crimes including homicide and public disturbance. The proceedings were transferred to the 5th Special Anti-Corruption Criminal Court, which expanded the charges against the accused.
En cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barrios Altos, el Poder Judicial del Perú inició la reapertura del proceso el 24 de marzo de 2001, anulando la resolución de archivo emitida en 1995. La Dirección Nacional contra el Terrorismo elaboró un nuevo atestado policial y la Fiscalía Provincial Penal amplió su denuncia para incluir a Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás de Bari Hermoza Ríos y otras 13 personas como autores de homicidio calificado, lesiones graves y agrupación ilícita. El 7 de abril de 2001, el 5º Juzgado Penal Especial Anticorrupción emitió un auto ampliando la instrucción contra los denunciados, ordenando mandatos de detención, comparecencia restringida y detención domiciliaria según correspondiese.