Barrios Altos Massacre and Legal Proceedings
The Barrios Altos massacre involved the extrajudicial execution of fifteen people and the injury of four others. In 1995, Judge Antonia Saquicuray declared the Amnesty Law No. 26479 inapplicable to the Barrios Altos case, arguing that crimes against humanity cannot be subject to amnesty. This decision was supported by Senior Prosecutor Carlos Arturo Mansilla Gardella, emphasizing the state's obligation to investigate human rights violations.
En el fuero común, los jueces civiles enfrentaban dificultades para juzgar a generales afines al gobierno involucrados en violaciones de derechos humanos. El Jefe del SIN, general Julio Salazar Monroe, utilizó su condición de funcionario con rango de ministro en el juicio abierto por la matanza de Barrios Altos. El Consejo Supremo de Justicia Militar rechazó el traslado al fuero común de Santiago Martín Rivas, Nelson Carvajal García, Jesús Sosa Saavedra y Hugo Coral Goycochea, miembros del Grupo Colina acusados de participar en la matanza.