Reorganización judicial y cese de 133 magistrados por el Ejecutivo
El Ejecutivo cesó a 133 magistrados distribuidos en distintos distritos judiciales, restringiendo el acceso a amparo mediante decretos leyes que consolidaron el control político del Poder Judicial.
Entre abril y junio de 1992, el Ejecutivo separó a 133 magistrados del Poder Judicial, incluyendo vocales de cortes superiores, jueces y fiscales principalmente de Lima y Callao. Se promulgaron decretos leyes (25454, 25530 y 25735) que impidieron impugnar estas decisiones mediante amparo y otorgaron facultades extraordinarias al Fiscal de la Nación para evaluar y reorganizar el Ministerio Público. Aunque algunos magistrados fueron repuestos en 2001, esta reorganización constituyó un mecanismo de control político que manifestó violencia en la estructura misma del Sistema Judicial peruano.