Adoption d'un avis sur les massacres dans les prisons
En diciembre de 1987, el Congreso peruano aprobó el dictamen en mayoría sobre la masacre de los penales de junio de 1986, excluyendo de responsabilidad política al presidente Alan García Pérez y al gabinete ministerial. La comisión investigadora había presentado dos informes contradictorios sobre la responsabilidad de las autoridades en los hechos.
El 1 de diciembre de 1987, la comisión investigadora del caso de los penales presentó su informe, suscrito por seis miembros, señalando al Presidente de la República, al gabinete ministerial Alva Castro y al Comando Conjunto de las FFAA como responsables políticos de la masacre de los penales ocurrida en junio de 1986. El 5 de diciembre, la mesa directiva del Congreso dio cuenta de dos informes evacuados por la comisión investigadora: uno en mayoría con siete firmas y otro en minoría con seis firmas. Finalmente, el Congreso aprobó el dictamen en mayoría de la comisión investigadora de los sucesos de los penales, que excluía de toda responsabilidad política al jefe de Estado y al gabinete ministerial por la masacre. Esta decisión generó controversia al exonerar a las autoridades políticas de responsabilidad en los hechos que habían causado numerosas muertes en los penales de Lima y Callao.
