Déclaration illégale de grève minière et raids à La Oroya
El gobierno declaró ilegal la huelga de la Federación Minera y la Policía Nacional allanó viviendas de trabajadores y dirigentes sindicales en La Oroya, suspendiendo el derecho de reunión en los centros mineros.
El 7 de noviembre de 1989, el gobierno peruano declaró ilegal la convocación de huelga de la Federación Minera. Simultáneamente, la Policía Nacional efectuó allanamientos a varias viviendas de trabajadores y dirigentes sindicales en el centro minero de La Oroya. Como parte de las medidas represivas, se suspendió el derecho de reunión en los centros mineros. Este evento formó parte de una serie de violaciones a la libertad sindical documentadas durante 1989, año en que los salarios reales cayeron dramáticamente y se intensificó la represión contra el movimiento sindical.