Masacre y reubicación forzada en Hierba Buenayoc
Militares obligaron a población cautiva a trasladarse a bases en el monte, causando muertes masivas de civiles por desnutrición y ejecuciones.
Militares obligaron a población cautiva a trasladarse a bases en el monte, causando muertes masivas de civiles por desnutrición y ejecuciones.
Asesinato de 23 personas por militares en Matucana, Huamanga en 1983, con cuerpos mutilados y abandonados.
Militares destacados en Ayacucho desde 1983 fueron percibidos como extranjeros por la población local, cometiendo crímenes de lesa humanidad bajo presunción de subversión.
Los hermanos Tinco Paucarhuanca fueron ejecutados por militares el 25 de marzo de 1983 tras presentarse voluntariamente ante las autoridades en Sancos.
Proceso judicial seguido contra comuneros de Uchuraccay por la muerte de periodistas, con investigaciones, exhumaciones y sentencia condenatoria en 1987.
Militares realizaron operativos en la comunidad de Muyurina donde utilizaron a un informante encubierto para identificar y seleccionar a seis personas sospechosas de vinculación con organizaciones subversivas.
En 1984, militares en Totos, Ayacucho violaron sexualmente a una mujer detenida en la Base Militar y extorsionaron a su familia para obtener bienes.
Detención de un ciudadano en el distrito de Totos por efectivos militares y su tortura en la casa comunal del pueblo en 1984.
Asesinato de pobladores por efectivos del ejército en Cceschua, con posterior desaparición de cadáveres y hallazgo de restos en fosas clandestinas.
El Estado instaló bases militares en los distritos de Vilca y Manta el 21 de marzo de 1984 como respuesta al incremento de la actividad subversiva del PCP-SL en la provincia de Huancavelica.
Diez campesinos de las comunidades de Soccos, Palermo y Manzanayocc fueron asesinados por efectivos militares en Churcampa el 11 de enero de 1984.
Operación militar ejecutada el 14 de agosto de 1985 en la zona de Accomarca con participación de patrullas del Ejército bajo mando de oficiales de la Segunda Región Militar.
Detención y ejecución de tres comuneros de Cayara y Erusco por militares el 18 de mayo de 1988, acusados de participación en ataque terrorista.
En 1989, el PCP-SL tomó control de la comunidad Centro Tsomabeni en el valle del río Ene, sometiéndola a reclutamiento forzoso y servidumbre hasta su liberación por efectivos militares y ronderos.
Estimación de pérdidas económicas sufridas por familias campesinas en Ayacucho cuyos hogares y tierras fueron arrasados por grupos senderistas y fuerzas del orden.
En junio de 1989, fuerzas militares asesinaron aproximadamente 200 a 300 personas en Venenillo, quemando sus cuerpos o arrojándolos al río.
El 26 de julio de 1989, fuerzas militares detienen y desaparecen a 9 comuneros en Colcapampa, Maní, Oyón, acusándolos de terrorismo.
El 19 de abril de 1991, militares desaparecieron a nueve personas en Huancapi, entre ellas los profesores Zenón Huamaní y Honofredo, así como simpatizantes que habían salido como candidatos.
El poblador Johny Acha Rafael fue asesinado y abandonado en un costal en Jardín Azul el 7 de noviembre de 1991.
La población de Raucana se movilizó el 27 de abril de 1992 para impedir el traslado de un dirigente detenido, resultando en disparos ordenados por militares que causaron un muerto y once heridos.
En 1994, el gobierno de Fujimori expidió la Ley Nº 26291 a medianoche para resolver a favor de la Justicia Militar un conflicto de competencia en el caso La Cantuta, evitando intervención de la Corte Suprema.
Descripción de cómo grupos terroristas y militares ejercían control sobre territorios, limitando la libertad de movimiento y sometiendo a la población local.
Testimonio sobre abusaciones, maltratos y saqueos perpetrados por militares y fuerzas del orden en la comunidad de Accomarca, Ayacucho.
Los militares se establecieron en Raucana tras las acciones cívicas, instalando campamentos en sectores civiles y asumiendo control sobre la población.
Descripción de los sistemas de castigo público comunitario implementados para mantener el orden y seguridad, contrastados con la represión gubernamental que interrumpió estas prácticas.