Base de datos completa de eventos del conflicto armado interno en Perú extraídos del Informe Final de la CVR. 5,159 eventos documentados desde 1817 hasta 2003.
Durante la crisis de la embajada japonesa, el gobierno peruano y el MRTA mantienen negociaciones a través de una Comisión de Garantes mientras se endurecen las posiciones sobre la liberación de presos.
La crisis de los rehenes termina con una operación militar que logra la liberación de los secuestrados, dejando 17 víctimas.
El 18 de julio de 1992 fueron asesinados estudiantes universitarios de La Cantuta sindicados como terroristas por agentes de inteligencia y tropas militares instaladas en la universidad.
El 6 de setiembre de 1991, el Ejército estableció una base militar en Raucana bajo el comando del General César Ramal Pesantes, anunciando acciones cívicas para combatir la presencia subversiva.
En agosto de 1991, se registró un ataque a un camión militar dentro de la ciudad universitaria, el único incidente grave durante la presencia militar en la universidad.
En junio de 1991, soldados quemaron una gran cantidad de libros de la Biblioteca Central de la Universidad La Cantuta bajo el argumento de que promovían la subversión.
El 22 de mayo de 1991, tropas militares tomaron control de la Universidad La Cantuta, deteniendo 56 estudiantes e instalando un destacamento militar con toque de queda.
La UNE fue intervenida militarmente a partir de mayo de 1991 tras el rechazo a la visita de Fujimori, instalándose una base militar con control severo para combatir la influencia del PCP-SL.
En mayo de 1991, el gobierno de Fujimori estableció una base militar en San Marcos tras un incidente de protesta estudiantil, militarizando el campus con requisas e intervenciones en facultades.
El 28 de abril, enfrentamiento entre pobladores de Raucana y efectivos del Ejército tras la detención de dirigentes comunales.
Serie de desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias de estudiantes universitarios perpetradas por las fuerzas del orden entre junio y octubre, incluyendo a destacados dirigentes estudiantiles.
Análisis de varios decretos legislativos peruanos que expandieron las facultades de las fuerzas armadas, servicios de inteligencia y autoridades militares, restringiendo libertades constitucionales sin necesidad de declarar estado de excepción.
En noviembre de 1989, PCP-SL incursionó en Puerto Alegre en el río Tamaya, pero la población organizó un Comité de Autodefensa que se opuso tenazmente a su dominio.
Siete pobladores fueron detenidos por soldados del ejército en Huertas, Jauja el 28 de abril de 1989 durante un enfrentamiento antisubversivo y trasladados a un cuartel sin que se conozca su paradero.
En 1989, el Presidente Alan García ordenó la intervención de las Fuerzas Armadas a través del Comando Político Militar ante el incremento de la violencia en la región.
Sendero Luminoso perpetró múltiples atentados dinamiteros contra las instalaciones de Centromín Perú en Morococha, lo que motivó la formación de una brigada de defensa entre los trabajadores en 1989.
Declaración del Estado de Emergencia en Junín el 30 de diciembre de 1988 y asunción del control político-militar, con intervenciones de fuerzas combinadas en la Universidad Nacional del Centro del Perú a partir de marzo de 1989.
Declaración de estado de emergencia en Aymaraes y Apurímac en respuesta a actividades del PCP Sendero Luminoso entre 1987 y 1988.
La Infantería de Marina intervino en un motín en el Pabellón Azul de una prisión, resultando en numerosas muertes de reclusos y miembros de las fuerzas del orden debido al uso desproporcionado de la fuerza.
Operativos militares en junio contra motines penitenciarios que emplearon fuerza desproporcionada causando muertes innecesarias.
Ejecuciones arbitrarias de internos rendidos durante la represión de motines en los penales San Pedro (Lurigancho) y San Juan Bautista (El Frontón) en junio de 1986.
El 17 de junio de 1986, reclusos senderistas en tres penales peruanos tomaron rehenes y fueron reprimidos por fuerzas militares bajo orden del presidente García, resultando en cientos de muertes.
El gobierno de Belaunde declaró el estado de emergencia en Pasco el 10 de mayo de 1985 tras el asesinato de un catedrático por el PCP-SL, lo que resultó en violaciones sistemáticas de derechos humanos.
En diciembre de 1984 se declaró el estado de emergencia en la provincia de Daniel Alcides Carrión ante la incapacidad policial para contener los atentados y la expansión del PCP-SL.
Las comunidades de Huancasancos y Lucanamarca se rebelaron contra el PCP-SL en febrero de 1983, asesinando a sus líderes locales tras incremento de ejecuciones mediante 'juicios populares'.
En 1983, los militares entraron en zonas declaradas en estado de emergencia, estableciendo comandos político-militares como único poder real en la región.
Militares destacados en Ayacucho desde 1983 fueron percibidos como extranjeros por la población local, cometiendo crímenes de lesa humanidad bajo presunción de subversión.
El gobierno dispuso la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha antisubversiva a partir del 30 de diciembre de 1982, reorganizando la subzona de seguridad nacional bajo el mando del General Clemente Noel Moral.
El presidente Belaunde Terry decretó el ingreso de las Fuerzas Armadas a la zona de emergencia de Ayacucho en diciembre de 1982, subordinando la labor policial bajo el Comando Político Militar.
El gobierno decreta estado de emergencia por treinta días en las provincias de Lima y Callao, suspendiendo las garantías individuales ante el incremento de la violencia.
En 1982, la SEDENA elaboró una directiva presidencial para la intervención militar en zonas antisubversivas, otorgando máxima libertad de acción a las Fuerzas Armadas.
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