Desaparición Forzada en Perú: Análisis de Género
La CVR documentó 5317 casos de desaparición forzada, con diferencias significativas en cómo afectó a hombres y mujeres, incluyendo el impacto en familiares que buscaban a los desaparecidos.
Base de datos completa de eventos del conflicto armado interno en Perú extraídos del Informe Final de la CVR. 5,159 eventos documentados desde 1817 hasta 2003.
La CVR documentó 5317 casos de desaparición forzada, con diferencias significativas en cómo afectó a hombres y mujeres, incluyendo el impacto en familiares que buscaban a los desaparecidos.
Testimonios de víctimas sobre las violaciones sistemáticas, torturas, desapariciones y asesinatos cometidos por fuerzas del Estado y grupos subversivos durante el conflicto interno.
El Congreso Constituyente Democrático aprobó una moción de condena contra la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos por difundir denuncias sobre actuaciones de las Fuerzas Armadas en la zona del Huallaga.
La ley antiterrorista autorizó a las Fuerzas Armadas a detener presuntos implicados en delitos de terrorismo en lugares sin dependencia policial, lo que resultó en violaciones de derechos fundamentales.
Las Fuerzas Armadas elaboraron una nueva estrategia contrasubversiva integral en 1989 que fortaleció su rol en la lucha contra el terrorismo y redefinió la correlación política del país.
Descripción del contexto de conflictos en América Central y la estrategia del gobierno peruano de Alan García para enfrentar la violencia subversiva mediante políticas sociales y diálogos de paz.
Defensor de derechos humanos de Huancavelica fue víctima de allanamiento, maltrato, amenazas y detención arbitraria por su trabajo de documentación de violaciones de derechos humanos.
La CVR documenta que las fuerzas armadas aplicaron estrategias de represión indiscriminada y selectiva que resultaron en violaciones sistemáticas de derechos humanos constitutivas de crímenes de lesa humanidad.
Análisis de cómo los decretos de estado de emergencia en Perú permitieron que comandos político-militares asumieran facultades extraordinarias y actuaran al margen de la constitucionalidad, generando patrones sistemáticos de violaciones a derechos humanos.
La CVR constata que el gobierno trasladó la conducción de la lucha contrasubversiva a las fuerzas armadas a fines de 1982, iniciando un proceso de militarización que produjo numerosas violaciones sistemáticas de derechos humanos.
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