Sobreseimiento del caso contra el Capitán Álvaro Artaza Adrianzén
La justicia militar sobreseyó el caso contra el Capitán de Corbeta Álvaro Artaza Adrianzén por homicidio calificado al no acreditarse su responsabilidad penal.
La justicia militar sobreseyó el caso contra el Capitán de Corbeta Álvaro Artaza Adrianzén por homicidio calificado al no acreditarse su responsabilidad penal.
El Consejo de Guerra Permanente archivó el caso de siete civiles muertos, argumentando que la causa fue traumatismo craneoencefálico y no disparo de arma de fuego, a pesar de que los inculpados reconocieron haberlos matado con arma de fuego.
Sentencias del fuero militar que condenaron a seis militares por el crimen de La Cantuta, absolviendo a altos mandos militares e inteligencia.
Sentencias dictadas contra integrantes del MRTA condenados por participación en secuestros, seguridad de bases clandestinas y otras actividades de la organización terrorista.
Investigación judicial de la matanza de Barrios Altos enfrentó negativas de militares a declarar y una contienda de competencia entre justicia común y militar, resuelta mediante ley de amnistía en 1995.
Denuncia penal formulada por el Director General de la Policía Nacional contra oficiales por delitos de negligencia, desobediencia y falsedad, que fue posteriormente archivada por excepción de cosa juzgada.
Caso de violación sexual denunciada contra Magdalena Monteza, cuyo sobreseimiento fue confirmado por el Consejo Supremo de Justicia Militar en 1997 basándose en exámenes médicos que la CVR consideró insuficientes.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró nulo el juzgamiento ante la Justicia Militar en el caso Castillo Petruzzi y otros, ordenando un nuevo juicio que fue acatado por el Consejo Supremo de Justicia Militar.
El 4 de junio de 2001, el Consejo Supremo de Justicia Militar anuló las resoluciones de sobreseimiento dictadas en 1994 y 1995 a favor de altos oficiales militares y Vladimiro Montesinos.
En octubre de 2001, el Consejo Supremo de Justicia Militar declaró nula la resolución que había aplicado amnistía en el Caso Barrios Altos, en cumplimiento de sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Audiencia pública del 4 de septiembre de 2002 que examinó cómo la legislación antiterrorista violó derechos fundamentales de procesados, principalmente pobres y vulnerables de áreas rurales.