El sistema de universidades públicas enfrentaba una crisis económica y académica profunda cuando se inició el conflicto armado interno en 1980, debido a la drástica reducción del financiamiento estatal.
El autogolpe de 1992 marcó el inicio de una legislación penal de emergencia que pervirtió el Estado de Derecho mediante normas que priorizaron la represión del terrorismo sobre las garantías procesales.
El Estado generó problemas al no responder adecuadamente a las necesidades de la población, resultando en violaciones de derechos humanos y estigmatización de comunidades.
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