Autogolpe de Estado de 1992 y ruptura del Estado de Derecho
El autogolpe de 1992 marcó el inicio de una legislación penal de emergencia que pervirtió el Estado de Derecho mediante normas que priorizaron la represión del terrorismo sobre las garantías procesales.
Tras el autogolpe de estado de 1992, se implementaron leyes penales de emergencia que desbordaron permanentemente el modelo garantista, modificando sustancialmente las normas de derecho penal, procesal penal y de ejecución penal. Esta legislación generó una cultura de la emergencia y una práctica de la excepción como regla, priorizando la razón de Estado sobre la seguridad jurídica. El resultado fue una mutación del modelo de legalidad penal que transformó el derecho penal del delito en un derecho penal del reo, reviviendo esquemas propios de tradiciones penales premodernas.