Ineffectiveness of the Judicial System and Antiterrorism Legislation in Peru
The Peruvian judicial system faced significant inefficiencies in the late 1980s and early 1990s, particularly in handling terrorism-related cases. Despite the enactment of Law N° 25031 in June 1989, which aimed to streamline the judicial process for terrorism offenses, by February 1992, only two specialized judges were appointed in Lima to handle such cases. This inadequacy, coupled with a lack of a structured judicial career path and insufficient training for judges and prosecutors, led to prolonged detentions and a failure to apply international human rights standards.
El sistema judicial peruano enfrentó problemas de desorganización y distribución inadecuada de carga procesal, con numerosos detenidos mantenidos en prisión prolongada sin ser procesados y procesados sin sentencia durante períodos extensos. A pesar de que la Ley N° 25031 de 1989 estableció jueces especiales para casos de terrorismo, para febrero de 1992 solo existían dos jueces especializados en Lima. El Poder Judicial carecía de una carrera judicial basada en mérito, permitiendo el ingreso directo a altos cargos sin experiencia previa, y no disponía de órganos de formación y capacitación para magistrados y fiscales. Esta falta de capacitación resultó en deficiencias críticas en materia constitucional y derechos humanos, debilitando la perspectiva constitucional de la aplicación de la legislación antiterrorista.