Approval of the Controversial Amnesty Law in Peru
In July 1995, President Alberto Fujimori of Peru promulgated a controversial Amnesty Law (Law 26492) that mandated the application of amnesty to military personnel involved in human rights abuses, notably in the Barrios Altos case. This law was met with significant opposition from the judiciary, public protests, and international criticism, as it effectively granted impunity to those responsible for atrocities. Despite the backlash, the law was upheld as constitutional, leading to widespread disapproval and a notable decline in Fujimori's popularity.
Tras la aprobación inicial de la Ley de Amnistía, el Presidente Fujimori la refrendó y el Poder Judicial declaró su acatamiento. Sin embargo, la jueza Antonia Saquicuray se pronunció contra la inconstitucionalidad de la ley mientras investigaba el caso Barrios Altos. El Congreso respondió aprobando una segunda ley que prohibía al Poder Judicial revisar la amnistía y mandó cerrar las investigaciones en curso. En julio, Fujimori promulgó la ley 26492 que declaraba obligatoria la aplicación de la controvertida Ley de Amnistía, lo que anuló las resoluciones de jueces que habían declarado su inaplicabilidad. La medida generó una caída de 10 puntos en la popularidad presidencial y el 75% de la población se oponía a la ley.