Barrios Altos Massacre and Subsequent Legal Controversy
The Barrios Altos massacre involved the killing of civilians by paramilitary forces, with evidence linking the vehicles used to official government entities. On April 28, 1995, the Supreme Council of Military Justice claimed jurisdiction over the case, leading to a legal dispute with the Supreme Court. Subsequently, on June 14, 1995, the Peruvian Congress passed a broad amnesty law for military and police personnel involved in human rights violations, which contradicted international human rights agreements.
La jueza investigadora identificó vehículos pertenecientes al Ministerio del Interior y Palacio de Gobierno reportados como robados días antes, vinculando los hechos a agentes oficiales. Los militares denunciados y oficiales de alto rango se negaron a declarar ante el Ministerio Público y Poder Judicial, invocando que debía investigarse en la justicia militar. El 28 de abril de 1995, el Consejo Supremo de Justicia Militar planteó una contienda de competencia ante la Corte Suprema que aún no había sido resuelta cuando el Congreso Constituyente Democrático aprobó, el 14 de junio de 1995, una ley de amnistía general para militares y policías implicados en violaciones a derechos humanos durante la lucha contra el terrorismo desde mayo de 1980.