Human Rights Violations in Pomatambo and Parcco Alto
In October 1986, the Peruvian Army engaged in violent confrontations with alleged subversives in Pomatambo and Parcco Alto, resulting in the deaths of 13 individuals. Subsequent investigations revealed evidence of human rights violations, including the mutilation and incineration of bodies. Despite initial military denials, a Senate investigation acknowledged the violations, though faced challenges in conducting a thorough inquiry due to safety concerns and lack of cooperation from military authorities.
El 24 de octubre de 1986, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas emitió un comunicado oficial afirmando enfrentamientos con "delincuentes subversivos", pero el 26 de octubre, una inspección judicial en Mungaspunco evidenció decenas de restos humanos mutilados, descuartizados y quemados. A través de identificaciones basadas en dentaduras e indumentaria, se logró reconocer a pobladores detenidos en Pomatambo, aunque no a las víctimas de Parcco Alto. El magistrado atribuyó responsabilidad a militares de la Base en Vilcashuamán y remitió actas a autoridades competentes. Ante la inacción, el 5 de noviembre pobladores denunciaron ante la Fiscal de la Nación y la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. El Senado encargó investigación el 26 de noviembre, y el dictamen en mayoría reconoció la muerte de Claudio Bellido Huaytalla, la orden de "eliminar" a 7 detenidos y la incineración de restos, además de violaciones a normas internas sobre trato de detenidos.