Legislación Antiterrorista Post Golpe de Estado de 1992
In April 1992, a coup d'état led to the breakdown of the rule of law and marked the beginning of a period where the judiciary was subjected to political control. Following the coup, new antiterrorism legislation was enacted, granting the police extensive powers in the investigation of terrorism, effectively sidelining the constitutional role of the Public Ministry. This shift allowed the police to operate with significant discretion, often in contradiction to existing legal frameworks.
El golpe de estado de abril de 1992 marcó el inicio de una etapa de intervención y sometimiento del Poder Judicial al régimen político. La nueva legislación antiterrorista promulgada días después otorgó un papel decisivo al sistema de justicia penal en el combate al terrorismo. El Decreto Ley 25475 estableció una posición predominante de la Policía en la investigación preliminar de delitos de terrorismo, otorgándole amplias atribuciones legales sin control jurisdiccional. Esta medida rompió el modelo constitucional que establecía que el Ministerio Público debía conducir la investigación bajo supervisión, permitiendo que la Policía realizara actos no contemplados en la ley.