Matanza de Barrios Altos y controversia de competencia jurisdiccional
Investigación judicial de la matanza de Barrios Altos enfrentó negativas de militares a declarar y una contienda de competencia entre justicia común y militar, resuelta mediante ley de amnistía en 1995.
La jueza investigadora identificó vehículos pertenecientes al Ministerio del Interior y Palacio de Gobierno reportados como robados días antes, vinculando los hechos a agentes oficiales. Los militares denunciados y oficiales de alto rango se negaron a declarar ante el Ministerio Público y Poder Judicial, invocando que debía investigarse en la justicia militar. El 28 de abril de 1995, el Consejo Supremo de Justicia Militar planteó una contienda de competencia ante la Corte Suprema que aún no había sido resuelta cuando el Congreso Constituyente Democrático aprobó, el 14 de junio de 1995, una ley de amnistía general para militares y policías implicados en violaciones a derechos humanos durante la lucha contra el terrorismo desde mayo de 1980.