Le gouvernement péruvien décréta le 14 août 1985 la réorganisation des forces policières par la loi 24294, accordant les pleins pouvoirs à l'Exécutif pour reformuler les structures et les budgets après des années de corruption et de déficiences institutionnelles.
En julio de 1991, el gobierno y los principales partidos políticos peruanos suscriben un acuerdo nacional para lograr la pacificación del país mediante una estrategia contrasubversiva democrática e integral.
A partir de 1995, el gobierno de Fujimori implementó una reforma del Sistema Judicial mediante la creación de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, que aunque buscaba modernizar las estructuras judiciales, generó vínculos de influencia del Poder Ejecutivo sobre la autonomía judicial.