Denuncia de espionaje telefónico
El diputado Fernando Olivera Vega denunció el 2 de septiembre de 1990 la existencia de espionaje telefónico a políticos por parte del SIN, presentando grabaciones interceptadas. El Senado formó una comisión investigadora dos días después.
El diputado Fernando Olivera Vega presentó ante el Congreso grabaciones y transcripciones de conversaciones sostenidas entre políticos que habían sido interceptadas por elementos del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Estas interceptaciones configuraban una suerte de espionaje telefónico a figuras políticas del país. Como consecuencia de esta denuncia, el 4 de septiembre el Senado nombró una comisión investigadora para investigar el caso. Este hecho evidenció el uso de mecanismos de inteligencia estatal para vigilar y espiar a miembros de la clase política peruana.