El gobierno peruano decretó el 14 de agosto de 1985 la reorganización de las fuerzas policiales mediante la ley 24294, otorgando plenos poderes al Ejecutivo para reformular estructuras y presupuestos tras años de corrupción y deficiencias institucionales.
En julio de 1991, el gobierno y los principales partidos políticos peruanos suscriben un acuerdo nacional para lograr la pacificación del país mediante una estrategia contrasubversiva democrática e integral.
A partir de 1995, el gobierno de Fujimori implementó una reforma del Sistema Judicial mediante la creación de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, que aunque buscaba modernizar las estructuras judiciales, generó vínculos de influencia del Poder Ejecutivo sobre la autonomía judicial.
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