Operaciones contrasubversivas en Ayacucho
Análisis de las operaciones contrasubversivas del Estado en Ayacucho y su doctrina de defensa interior del territorio.
Análisis de las operaciones contrasubversivas del Estado en Ayacucho y su doctrina de defensa interior del territorio.
En 1988, durante huelgas mineras nacionales, el PCP-SL y grupos paramilitares asesinaron dirigentes sindicales para controlar el movimiento obrero.
El 21 de julio de 1988, durante un paro nacional minero, la Policía Nacional enfrentó violentamente a manifestantes en la carretera central, resultando en el asesinato de Francisca Quispe.
La DOES reprimió una marcha de campesinos y nativos en Pucallpa el 9 de febrero de 1989, matando a ocho campesinos.
Detención y desaparición forzada de Pedro Eduardo Haro Cruz y César Augusto Mautino Camones por la Policía Nacional en Huaraz, con posterior hallazgo de cadáveres torturados.
El 4 de octubre de 1989, la policía antidrogas realizó un operativo conjunto con la DEA en Paraíso, resultando en 36 narcotraficantes muertos y la destrucción de laboratorios de droga.
En julio de 1990, el gobierno pasó al retiro a 350 policías, incluyendo 26 generales y nueve tenientes generales, bajo el argumento de una "renovación de cuadros".
En la madrugada del 20 de enero de 1990, Olivares encabeza un ataque contra la SAIS Sollocota que es repelido por la Policía Nacional, resultando en su muerte al mediodía.
En la madrugada del 20 de enero de 1990, la Fuerza Principal del PCP-SL encabezada por Juan Carlos Olivares atacó la SAIS Sollocota con 30 activistas, siendo rechazados por la Policía Nacional.
En abril de 1991, durante el Segundo Congreso Estatutario de Huaycán, la población rechazó la seguridad del PCP-SL y optó por la autodefensa de masas.
Operaciones de vigilancia e inteligencia realizadas por agentes del SIE y SIN en Barrios Altos entre 1989 y 1991, enfocadas en monitorear actividades de presuntos miembros del PCP-SL.
Caso de desaparición de Ernesto Rafael Castillo Páez, cuyo padre interpuso acción de Hábeas Corpus en 1990 contra oficiales de policía presuntamente responsables.
La legislación antiterrorista de 1992 otorgó protagonismo a la Policía Nacional en investigaciones de terrorismo y limitó gravemente las funciones del Ministerio Público y la potestad jurisdiccional.
El 19 de enero de 1992, tropas del Ejército y Policía bajo mando del Teniente E.P. "Aquiles" victimaron a 32 pobladores de la Comunidad de Apiza tras torturas.
Operativo militar institucional que tomó control del Estado peruano mediante detenciones de autoridades civiles y ocupación de instituciones públicas.
Tras el autogolpe de Fujimori en abril de 1992, se promulgaron decretos ley que transfirieron el control de los establecimientos penitenciarios a la Policía Nacional y suspendieron normas del Código de Ejecución Penal.
Detención irregular de siete presuntos responsables por la Policía Nacional, con investigación militar irregular que violó el Decreto Ley N°25475 y retraso de tres días en el traslado a la autoridad policial.
La CVR documentó 5317 casos de desaparición forzada, con diferencias significativas en cómo afectó a hombres y mujeres, incluyendo el impacto en familiares que buscaban a los desaparecidos.