Implementación de la legislación antiterrorista de 1992 en Perú
La legislación antiterrorista de 1992 otorgó protagonismo a la Policía Nacional en investigaciones de terrorismo y limitó gravemente las funciones del Ministerio Público y la potestad jurisdiccional.
El Decreto Ley N° 25475 de 1992 ratificó el rol protagónico de la Policía Nacional permitiéndole asumir la investigación de delitos de Terrorismo a nivel nacional sin restricciones más allá de sus reglamentos institucionales. La legislación limitó seriamente la labor del Ministerio Público, cuyo rol constitucional requería conducir la investigación desde el inicio, reduciendo su función a fedatario de la legalidad de las actuaciones policiales. El artículo 13° del Decreto Ley N° 25475 obligaba a los jueces a emitir auto de apertura de instrucción en 24 horas al recibir denuncias policiales, convirtiéndolos en meros tramitadores sin potestad para denegar la apertura, aunque no existiera material probatorio suficiente.