Informe de Amnistía Internacional sobre desapariciones forzadas
En 1983, Amnistía Internacional presentó al gobierno de Belaúnde Terry un informe documentando desapariciones forzadas en Perú.
En 1983, Amnistía Internacional presentó al gobierno de Belaúnde Terry un informe documentando desapariciones forzadas en Perú.
La estrategia contrasubversiva de las fuerzas armadas en Ayacucho produjo múltiples violaciones de derechos humanos que el gobierno de Acción Popular desatendió deliberadamente.
La resistencia del presidente Belaunde Terry a investigar denuncias de violaciones de derechos humanos legitimó las acciones militares en zonas de emergencia durante su gobierno.
En julio de 1985, Amnistía Internacional presentó una denuncia sobre la supuesta desaparición de 1,005 personas en Perú.
Operaciones militares en penales donde se realizaron ejecuciones extrajudiciales de internos ya rendidos, con uso desproporcionado de armamento y posterior encubrimiento de delitos.
Porfirio Suni Quispe, dirigente campesino, fue detenido y torturado por la policía en Ayaviri bajo la acusación de ser colaborador de Sendero Luminoso.
En 1989, la Coordinadora amplió su enfoque para exigir el respeto al Derecho Internacional Humanitario tanto al Estado como a grupos subversivos armados.
En febrero de 1990 se realizaron ataques dinamiteros simultáneos contra las oficinas del Comité de Derechos Humanos, la Comisión Andina de Juristas y Amnistía Internacional en Perú.
El 4 de marzo de 1990, individuos desconocidos detonaron explosivos de gran poder destructivo en la fachada de la sede central de Amnistía Internacional en Lima.
Prelados católicos acusaron a organizaciones internacionales de derechos humanos de dar una imagen parcializada de las violaciones en Perú.
Lavalle, dirigente vecinal que se oponía públicamente al control del PCP en su poblado, fue asesinado por miembros de esa organización en un acto de violencia e intimidación.