La Asamblea Constituyente de 1979 estableció un sistema bicameral con Senado y Cámara de Diputados, siguiendo la tradición constitucional peruana, pero su implementación a partir de 1980 reveló deficiencias en la diferenciación funcional legislativa.
El gobierno militar peruano transfirió el poder a civiles en 1980 manteniendo el control de la defensa nacional mediante leyes secretas que preservaban la autoridad militar.
El Congreso de la República investigó los homicidios calificados cometidos en Accomarca y Pucayaccu, concluyendo que se trataba de delitos comunes y no castrenses.
El 22 y 23 de octubre de 1986, miembros del Ejército ingresaron a las comunidades de Pomatambo y Parcco Alto asesinando a 12 personas, cuyos restos mutilados fueron hallados días después en Mungaspunco.
El Senado peruano investiga denuncias de violaciones de derechos humanos en Huancavelica, incluyendo desapariciones de personas y amenazas contra el Colegio de Abogados.
En agosto de 1990, días después de asumir el gobierno, Fujimori aplicó un programa radical de ajuste económico que consolidó su poder frente a las Fuerzas Armadas.
El 26 de marzo de 1991, autoridades civiles fueron intimidadas con explosivos al intentar acceder a la Base Militar de Pampa Cangallo para verificar detenidos.
Operaciones de vigilancia e inteligencia realizadas por agentes del SIE y SIN en Barrios Altos entre 1989 y 1991, enfocadas en monitorear actividades de presuntos miembros del PCP-SL.
El 15 de noviembre de 1991, los ministros del Interior y Defensa comparecieron nuevamente ante la Comisión del Senado. El General Briones Dávila negó la existencia del 'Plan de Operaciones Ambulante' y del 'Puesto de Vigilancia de Lima Sheraton', basándose en oficios de DIRCOTE y del Estado Mayor de las …
Investigación parlamentaria sobre la masacre de Barrios Altos fue interrumpida por el autogolpe de Fujimori en 1992.
