En junio de 1969, un decreto militar que buscaba eliminar la gratuidad de la enseñanza escolar generó un fuerte movimiento de rechazo en Huanta y Huamanga que se prolongó durante casi todo el mes.
El 4 de febrero de 1979, la Policía Nacional desalojó violentamente a trabajadores que habían tomado la fábrica textil Cromotex, resultando en siete muertes.
Datos estadísticos sobre víctimas de violaciones de derechos humanos en Ayacucho, desagregados por sexo, edad y nivel educativo.
En junio y julio de 1983, fuerzas policiales realizaron detenciones arbitrarias de civiles en el distrito de Acocro, Ayacucho, bajo acusaciones infundadas de terrorismo.
Caso de hábeas corpus favorable a WMG por detención arbitraria durante estado de emergencia, donde el juez aplicó el principio de razonabilidad para proteger la libertad personal.
Detención de una mujer por la policía en la Comisaría del distrito de Maranga, Lima en mayo de 1986.
La policía enfrentó grandes dificultades para coordinar acciones con las FFAA en zonas de emergencia, donde los militares tenían autoridad final y la policía debía solicitar permisos.
En la madrugada del 13 de febrero de 1987, fuerzas policiales intervienen la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, causando la muerte de un trabajador y detenciones masivas de estudiantes.
El gobierno anuncia un paquete de medidas económicas ortodoxas que generan escasez de alimentos y protestas masivas de transportistas y organizaciones sociales.
En octubre de 1988, una columna subversiva del PCP Sendero Luminoso se enfrentó con la policía en la provincia de Condesuyos, en el límite del departamento de Arequipa con Cusco. Este enfrentamiento se produjo en el contexto de la expansión del comité regional del sur del PCP Sendero Luminoso, que …
Saúl Cantoral, presidente de la Federación Minera, fue asesinado en San Juan de Lurigancho por el Comando Rodrigo Franco a fines de 1989.
Una mujer fue detenida por la policía en la comisaría de San Juan de Miraflores en 1989, donde fue golpeada, desnudada y violada por múltiples policías.
En 1989, el MRTA y el FPL intentaron formar una columna guerrillera en Cuzco que fue desmantelada inmediatamente por la policía.
A pesar de denuncias de víctimas y organizaciones de derechos humanos, los operadores de justicia no procesaron a miembros de las fuerzas armadas o policiales por torturas, permitiendo que la práctica continuara con total impunidad.
Testimonio sobre el asesinato y desaparición de hermanos por miembros de la policía en Tocache, cuyos cuerpos fueron arrojados al río Huallaga en 1989.
Ataque armado coordinado contra una comisaría policial el 27 de marzo de 1989 iniciado por miembros del PCP-SL.
A finales de septiembre, cinco participantes en un cursillo de fertilización y siembra de papas en Crucero fueron detenidos por la policía sin explicación.
En octubre de 1989, la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga sufrió múltiples ataques que causaron daños severos a sus instalaciones y resultaron en detenciones de estudiantes.
Análisis estadístico de 449 casos de violaciones de derechos humanos atribuidos a diferentes agentes estatales y paramilitares en Perú.
En febrero de 1991, la Conferencia Episcopal Peruana emite el pronunciamiento Queremos la paz denunciando el aumento de la violencia subversiva y los abusos de autoridades en su combate.
El 8 de febrero de 1991, el presidente Fujimori presentó a los medios un video requisado por la policía el 31 de enero de 1991, que mostraba a la cúpula senderista bailando la danza de Zorba el griego. Este video casero ofreció un retrato contradictorio de una cúpula que vivía …
El 26 de marzo de 1991, autoridades civiles fueron intimidadas con explosivos al intentar acceder a la Base Militar de Pampa Cangallo para verificar detenidos.
Estudiante de psicología detenido como sospechoso durante operativo policial del 19 de junio de 1991 y sometido a tortura en múltiples dependencias policiales.
Relatos de detenidos que fueron sometidos a torturas físicas y eléctricas por policías durante interrogatorios en una comisaría peruana.
La Ley 25031 estableció un nuevo esquema legislativo antiterrorista que desplazó las atribuciones del Ministerio Público y amplió arbitrariamente las de la Policía en la investigación de delitos de terrorismo.
Análisis de cómo la nueva legislación antiterrorista promulgada tras el golpe de 1992 transformó el sistema de justicia penal en instrumento de la estrategia antisubversiva del gobierno.
Durante un operativo policial en un penal en 1992, se produjeron enfrentamientos entre internos y policías que resultaron en múltiples heridos y muertes.
La CIDH reconoce la violencia sexual como grave violación de derechos humanos en Haití, identificando factores que impiden la denuncia y patrones de victimización.
Funcionarios públicos dejaron de cumplir sus funciones de protección y justicia por temor a ser amenazados, estigmatizados o involucrados en el conflicto.
Los líderes senderistas implementaron un sistema de seguridad interna que incluía vigilancia perimetral, rondas nocturnas y control de acceso para proteger el asentamiento y mantener disciplina entre los pobladores.
Operación de la policía contra internos en el Pabellón 1-A que resultó en múltiples explosiones, disparos y la muerte de al menos una persona.
Las fuerzas policiales y militares con atribuciones excesivas sometieron a detenidos a torturas, malos tratos e interrogatorios crueles para obtener autoinculpaciones y fabricar pruebas.
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1982
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