Judicial System Crisis in Peru
In 1993, the Peruvian judicial system faced a significant crisis due to insufficient economic resources and lack of autonomy. The government failed to allocate a specific budget percentage to the judiciary, leading to inadequate infrastructure, underprepared judges and prosecutors, and a high case load. This inefficiency severely impacted the judiciary's ability to function effectively, particularly in addressing terrorism and safeguarding fundamental human rights.
El Poder Judicial peruano sufrió medidas que afectaron su autonomía y una asignación de recursos económicos insuficiente, quedando sujeto a las decisiones del Poder Ejecutivo que mostró escasa disposición para proveer fondos necesarios. Esta situación agudizó la falta de independencia judicial, la precariedad infraestructural, la falta de preparación de jueces y fiscales, salarios bajos, corrupción y sobrecarga procesal. Perú invertía apenas 5.6 dólares anuales por habitante en justicia, cifra muy inferior a la de otros países andinos. La organización irracional del sistema, con un número ínfimo de fiscales respecto a la carga procesal, constituyó un factor predominante en el fracaso judicial en la represión del terrorismo e implicó una amenaza a los derechos fundamentales de las personas procesadas.