La Cantuta Case Investigation
In 1993, the Peruvian Congress approved the creation of a Special Investigation Commission for the 'La Cantuta' case, involving the disappearance and murder of university students and a professor. The investigation sought to interview high-ranking military officials and presidential advisor Vladimiro Montesinos. Despite initial resistance and legal maneuvering by military officials, the case highlighted issues of military accountability and human rights abuses in Peru.
En 1993, el Pleno del Congreso aprobó la creación de una Comisión Especial de Investigación para el caso La Cantuta y solicitó entrevistar al Ministro de Defensa y al Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, así como oficiales y funcionarios cuyos nombres figuraban en documentos de COMACA, incluyendo al asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres. El General Nicolás de Bari Hermoza Ríos no asistió a la convocatoria, pero instó al Consejo Supremo de Justicia Militar a abrir instrucción contra los responsables. En enero de 1995, se amplió la instrucción contra el General Julio Rolando Salazar Monroe y diversos oficiales y suboficiales del Ejército Peruano por delitos de asesinato, lesiones graves y abuso de autoridad. El 21 de octubre de 1994 y el 6 de julio de 1995, la Sala de Guerra del Consejo Supremo de Justicia Militar emitió resoluciones disponiendo el sobreseimiento del proceso.