Human Rights Violations at El Frontón Prison
In 1990, a Commission was formed to investigate accusations against former President Alan García Pérez regarding events at El Frontón prison. The Inter-American Court of Human Rights found that the Peruvian state violated the fundamental rights of inmates during a prison uprising. The court mandated reparations for victims' families and urged the state to investigate and prosecute those responsible.
Durante el motín en el penal San Juan Bautista (El Frontón), las fuerzas del orden hicieron uso desproporcionado de la fuerza, cometieron ejecuciones extrajudiciales y el gobierno difundió información falsa encubriendo los crímenes. Los familiares de los internos desaparecidos interpusieron acciones de hábeas corpus sin resultado y posteriormente denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte estableció que los hechos constituyen violaciones a derechos fundamentales e incumplimiento del Estado peruano de su obligación de proteger derechos humanos, ordenando investigación y reparación a los deudos de las víctimas.