La Cantuta Massacre and Subsequent Political and Military Actions
In 1993, tensions rose in Peru following the disappearance and extrajudicial execution of a professor and ten students from the Universidad Enrique Guzmán y Valle, known as the 'La Cantuta' case. General Nicolás Hermoza Ríos and intelligence advisor Vladimiro Montesinos were accused of maintaining a paramilitary group responsible for this and other human rights violations. Despite evidence and calls for accountability, political maneuvers and military influence led to the case being handled by military courts, with significant political backing for the accused.
El 20 de abril de 1993, el General Hermoza Ríos expuso los descargos institucionales de las Fuerzas Armadas ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, negando la participación militar en la desaparición de un catedrático y varios estudiantes de la Universidad Nacional de Educación La Cantuta. Al día siguiente, Hermoza Ríos dirigió un desfile intimidatorio de tanques y tropas por Lima. El General Rodolfo Robles Espinoza, tercera línea de mando, acusó públicamente el 6 de mayo a los mandos del Ejército y al asesor Vladimiro Montesinos de mantener un comando operativo responsable de crímenes de lesa humanidad incluyendo La Cantuta. El presidente Fujimori respondió el 9 de mayo respaldando a Hermoza Ríos y Montesinos, mientras el Consejo Supremo de Justicia Militar enjuició a Robles y sus hijos. El 24 de mayo, miembros de Cambio 90 en el Congreso impidieron que miembros del Destacamento Colina fueran interrogados.