Accomarca Massacre Legal Proceedings
In September 1985, legal proceedings were initiated against military officers involved in the Accomarca massacre, where numerous civilians were killed. Despite initial investigations by civilian authorities, the case was transferred to military jurisdiction following a decision by the Supreme Court of Justice. This decision was controversial as it was argued that the crimes did not relate to military duties and should be tried in civilian courts.
El 4 de octubre de 1985, el juez instructor Mario Huamaní Oré abrió instrucción contra oficiales militares por los hechos de Accomarca, dictando mandato de detención provisional e interrogando a 32 pobladores de la zona. El juez realizó diligencias de inspección ocular en enero de 1986 en varios lugares incluyendo el cementerio de Accomarca. Sin embargo, el Consejo de Guerra Permanente del Ejército promovió una contienda de competencia, y la Corte Suprema de Justicia resolvió a favor del fuero militar, argumentando que los hechos ocurrieron en zona de emergencia y los inculpados eran miembros del ejército. El juez Huamaní Oré se opuso a esta decisión, advirtiendo que la falta de sanción podría conducir a una escalada de hechos ilícitos.