Autogolpe de 1992 y la Legislación Antiterrorista en Perú
In April 1992, an autogolpe led to the establishment of an authoritarian regime in Peru, which introduced a new model of anti-terrorism legislation. This legislation prioritized penal repression and included measures such as 'faceless' judges and summary trials, severely restricting the rights of the accused and leading to the wrongful imprisonment of many innocents. The case of Filomeno Muñoz Rojas and Justa Pizarro, who were tortured into signing false confessions and detained for over four years before being acquitted, exemplifies the human rights abuses under this system.
El autogolpe de abril de 1992 implicó la implantación de un régimen autoritario y una nueva legislación antiterrorista que priorizó la represión penal. Esta legislación estableció tipos penales abiertos, otorgó amplias atribuciones a la policía sin control jurisdiccional, implantó tribunales sin rostro, y restringió severamente el derecho a defensa y el debido proceso. El esquema de justicia resultante, basado en testimonios de arrepentidos como prueba definitiva, sometió a investigación y condenó a personas inocentes acusadas de terrorismo, con casos de detenidos que permanecieron años en prisión antes de ser absueltos.