Intervention of the Peruvian Armed Forces in Anti-Terrorism Efforts
In 1993, the Peruvian government enacted a law allowing the Armed Forces to detain individuals suspected of terrorism in areas without a police presence. This law enabled the military to conduct preliminary investigations, which was a violation of international human rights standards. The involvement of the Armed Forces in judicial processes for terrorism and treason cases led to significant human rights concerns, particularly regarding the right to defense.
Según el artículo 12° de la ley antiterrorista, las Fuerzas Armadas estaban autorizadas a capturar y detener a presuntos implicados en delitos de terrorismo en lugares sin presencia de la Policía Nacional, debiendo ponerlos inmediatamente a disposición de la dependencia policial más cercana. Sin embargo, en la práctica las Fuerzas Armadas realizaron diligencias investigativas como toma de manifestaciones y declaraciones de testigos, funciones propias de investigación policial. Estas acciones carecían de validez legal y constituyeron flagrantes violaciones a los derechos fundamentales, en especial al derecho de defensa de los detenidos. Además, el plazo máximo de detención de quince días debería computarse desde el momento de la detención, no desde su puesta a disposición de la Policía.